El Gobierno pide a Chile la entrega de seis exagentes por el asesinato de Carmelo Soria en 1976

El Consejo de Ministros aprueba la extradición a Argentina de dos miembros de un grupo armado de extrema derecha de ese país

s. e.

16/02/2013
Actualizado a las 04:15h.

El Gobierno aprobó ayer la solicitud de extradición a Chile de seis exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) que habrían participado en el secuestro, tortura y asesinato del ciudadano español Carmelo Soriael 14 de junio de 1976. El Consejo de Ministros también acordó ... continuar el procedimiento de entrega a Argentina de dos miembros de la organización de extrema derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), a los que aquél país atribuye la comisión de delitos de lesa humanidad durante los años de la dictadura.

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Los seis exmiembros de la DINA cuya extradición el Consejo de Ministros ha pedido a Chile actuaban a las órdenes directas de la Junta Militar de Gobierno en los años de la dictadura de Augusto Pinochet. Se trata de Guillermo Humberto Salinas Torres, José Remigio Ríos San Martín, René Patricio Quiholt Palma, Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (este último, director de dicha organización), a los que la Audiencia Nacional atribuye la comisión de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal.

Simularon un accidente

Los acusados habríabn participado en la represión sistemática así como en la eliminación de opositores al régimen militar, entre ellos Carmelo Soria, que trabajaba como personal diplomático para Naciones Unidas, y cuyo cadáver arrojaron a un canal, simulando un accidente con su propio coche, el 14 de junio de 1976.

Los seis reclamados se encuentran en Chile y han sido beneficiados por la amnistía concedida por la Corte Suprema de ese país en agosto de 2006. Esta es una de las razones por las que la Audiencia Nacional, ante la imposibilidad de la Justicia chilena de actuar contra ellos, ha pedido su entrega en virtud del principio de jurisdicción universal aplicable a los delitos de genocidio.

Por otra parte, a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo de Ministros aprobó ayer continuar el proceso de extradición a Argentina de Beatriz María Arenaza y Daniel Alejandro Ullúa, ambos con doble nacionalidad, española y argentina, y acusados de un delito de asociación ilícita por su pertenencia a la organización de extrema derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU).

La CNU actuó entre 1975 y 1976 en el ámbito universitario de Mar del Plata (Argentina) con el fin de intimidar a los jóvenes pertenecientes a los movimientos estudiantiles. Los miembros de la CNU, que portaban armas, cadenas y otros objetos contundentes, perseguían a los opositores al régimen, a los que llegaron a secuestrar y asesinar.