Más de 28 de cada cien españoles no quieren votar y otros 17 no saben a quién

El barómetro del CIS difundido el miércoles ha nacido desfasado, puesto que el trabajo de campo se cerró antes de que estallara el «caso Bárcenas», con lo que muy, probablemente, los indicadores sobre el estado de opinión en relación con la política sean hoy peores de lo que se refleja en el estudio.

Los datos son de por sí muy pesimistas: el 21,5% por ciento de los preguntados ha declarado directamente que se abstendría de ir a las urnas, una cifra que sin ser la más alta registrada (en julio de 2012 llegó al máximo de 22,3%) se suma a un importante 6,6% que ha dicho que votaría en blanco. Hace siete meses, ese grupo alcanzó el techo del 6,8%. De algún modo, una y otra opción, más el voto nulo (0,2 por ciento en el último CIS), se entienden como las fórmulas del voto-protesta, que en conjunto se ha revelado como la elegida por más de un cuarto del electorado: el 28,3 por ciento de los españoles que representan, esta vez sí, el mayor volumen de desencantados con la política que hay en las estadísticas. En octubre, eran el 25,7% y en el barómetro de verano, el 28,1%.

La abstención se interpreta como un síntoma de conformismo, pero sobre todo de discrepancia y desinterés por la política, o por todo el sistema. Ha sido y es una de las apuestas del espectro social más crítico para poner de manifiesto el divorcio con la clase dirigente. Casi todos los países latinoamericanos, excepto Colombia, algunos europeos y otros como Australia se han ahorrado esa práctica haciendo del voto directamente una obligación, lo que les garantiza la investidura de gobiernos elegidos con una consulta masiva tras de sí que beneficia su legitimidad. Reglas como la doble vuelta o el balotaje están pensadas para desembocar en todo caso en Ejecutivos con respaldos amplísimos.

En las elecciones municipales y en las generales de 2011, la abstención en España se elevó a un 33,7 y 28,1 por ciento respectivamente, una proporción elevada que volvió a suscitar reflexiones ciudadanas sobre lo deseable de establecer una línea roja que impida aupar gobiernos cuando un tercio o más del electorado no se ha pronunciado. Si en unos futuros comicios, la decisión de no ir a votar se multiplica, el debate regresará con fuerza. Pero en la ley española votar es un decho, por tanto libre de ejercerse o no, y no se da a la abstención ningún papel determinante.

De hecho, la asignación de escaños se hace en función de los votos válidos, por consiguiente emitidos, y que no incurran en defectos que los haga considerar nulos (sin sobre, con marcas...). Luego, ni éstos ni los denominados «en blanco» se traducen en diputados, aunque los últimos sí se tienen en cuenta a la hora de calcular el mínimo de corte (5%) a partir del cual una formación entra en el reparto del hemiciclo. Eso sí tiene un efecto: un voto en blanco alto pone un poco más difícil conseguir representantes a las pequeñas formaciones, precisamente lo contrario de lo que buscan muchos de los que optan por