El fiscal del TS pide el archivo de la querella de la mafia china contra el juez Andreu
Gao Ping, presunto cabecilla de la mafia china - abc

El fiscal del TS pide el archivo de la querella de la mafia china contra el juez Andreu

Sostiene que no violó el derecho a la libertad de los detenidos al tomarles declaración una vez vencido el plazo legal de detención de 72 horas

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu no vulneró el derecho a la libertad de los 20 arrestados en la operación Emperador (en total fueron 108) a los que tomó declaración una vez transcurrido el plazo máximo de detención, que la ley fija en 72 horas. Es el criterio expresado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en un informe en el que se opone a la admisión a trámite de la querella presentada por Xiaoshuang Zahu, una de las detenidas, contra el magistrado y contra los dos fiscales Anticorrupción adscritos a esa investigación.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre. Las detenciones, ordenadas por Andreu el 15 de octubre, se produjeron a las seis de la mañana del día 16. El 18, el juez ordenó a la Policía que pusiera a los primeros 29 arrestados a disposición del Juzgado en cuanto hubiera disponibilidad en los calabozos de la Audiencia Nacional. Entre tanto, prohibió a los agentes, a los que había encomendado 124 entradas y registros, que no practicaran nuevas diligencias pues el plazo legal de detención vencía el 19 a las seis de la mañana.

Para la Fiscalía del Supremo, que esta mañana ha presentado su informe a la Sala Segunda del alto Tribunal, la práctica de 124 registros y la orden de Andreu a la Policía de no llevar a cabo ninguna otra diligencia de investigación son datos que cobran especial relevancia a la hora de determinar si el magistrado y los fiscales cometieron el delito que les imputa la defensa de Zahu.

Contra la praxis procesal

De hecho, el fiscal considera que Andreu interpretó correctamente la ley procesal (Ley de Enjuiciamiento Crminal) dada la complejidad de la operación Emperador, que define como «una de las de mayor envergadura llevada a cabo Europa por la Policía y las autoridades judiciales contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales». Los hechos investigados, con epicentro en el polígono industrial Cobo Calleja de Madrid, podrían constituir una larga lista de delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación documental, contra la Hacienda Pública, amenazas, coacciones, extorsión, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, cohecho, prostitución, contra la propiedad intelectual e industrial y tráfico de drogas.

Según el fiscal, una correcta interpretación del artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe permitir al juez contar las 72 horas de plazo de detención a partir del momento en que el detenido es entregado al juez (no en el momento de su arresto por la Policía) cuando el instructor haya solicitado la práctica de diligencias que resultan necesarias para decidir «motivada y razonadamente» la futura situación personal del detenido. Es decir, si ingresa en prisión o debe ser puesto en libertad.

Y esto es lo que ocurrió en la operación Emperador. El resultado de las entradas y registros, a las que necesariamente debían ser conducidos los detenidos, era imprescindible para que Andreu pudiera tomar una decisión sobre su ingreso o no en prisión. Por eso, entendió que el plazo de detención podía empezar a correr a partir de la entrega física de los arrestados en el Juzgado y por eso prohibió a la Policía la práctica de nuevas diligencias de investigación. De hecho, cumplidas las 72 horas, los detenidos tienen derecho a estar «a disposición» de la autoridad judicial.

Además, según la Fiscalía, «el plazo establecido por la ley choca frontalmente con las necesidades de nuestro tiempo y particularmente con la praxis procesal, desbordada por una realidad criminal abigarrada y compleja».