La Defensora del Pueblo presentará este año un informe sobre viviendas vacías
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril - abc

La Defensora del Pueblo presentará este año un informe sobre viviendas vacías

Becerril quiere saber por qué permanecen vacías más tiempo del imprescindible cuando hay gente que las necesita

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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, está preparando un informe sobre las viviendas públicas vacías que existen en España, tras detectar, a través de diversas investigaciones, numerosos casos de personas pertenecientes a colectivos vulnerables que pasan mucho tiempo a la espera de que se les adjudique una de ellas. Becerril ya anunció el pasado 29 de noviembre, durante una comparecencia ante el Pleno del Congreso para explicar el Informe anual correspondiente a 2011, que tenía previsto realizar este estudio.

Este informe, que previsiblemente será presentado a las Cortes Generales en los primeros meses de 2013, pretende seguir aportando propuestas que ayuden a paliar la situación que viven muchas personas, que como consecuencia de la crisis, han perdido sus hogares, según ha señalado la Defensora del Pueblo a través de una nota de prensa. En opinión de la institución, muchas de las viviendas públicas vacías podrían, mediante distintas fórmulas con las administraciones, ser utilizadas por familias que en estos momentos carecen de ellas.

Para la elaboración del informe, se han abierto sendas investigaciones de oficio con las 17 Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla, que ya han contestado a los requerimientos que le han realizado. Asimismo, se han incluido nueve municipios con más de 350.000 habitantes.

Las actuaciones iniciadas por la oficina del Defensora del Pueblo buscan determinar las causas de por qué se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para ponerlas en uso, por primera vez si son nuevas, o para revisar su estado, si ya han estado ocupada antes.

Asimismo, el informe realizará recomendaciones para fomentar el mercado del alquiler, también para las viviendas públicas, y para propiciar que tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos propietarios de viviendas protegidas vacías flexibilicen los requisitos de acceso a las mismas para que un mayor número de solicitantes puedan resultar beneficiarios.