Más de 11.000 policías, guardias civiles y sus familias irán a los tribunales en busca de la equiparación salarial

Son los objetivos con los que la asociación, recientemente constituida y registrada en el Ministerio del Interior con el número 626.050, ha contratado los servicios del despacho Durán&Durán Abogados, como trasladaron este miércoles Miguel Durán y el presidente de Equiparación Real, Eliud Vega.

Ante el «grave incumplimiento por parte del Ministerio del Interior respecto de los compromisos adquiridos desde 2018 en el sentido de producir la mencionada equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en comparación, por ejemplo, con las policías autonómicas y las policías locales, a la vista también de la inoperancia de los sindicatos tradicionales», comunicaron su intención de acudir a los tribunales y recorrer las instancias que sean necesarias, incluso llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para acabar con el «agravio comparativo que sufren desde hace 30 años, que les supone una diferencia salarial respecto al resto de cuerpos de 6.000 euros anuales y de un 40% en lo que respecta a la jubilación», explicó Miguel Durán. Una situación que afecta a 144.000 policías y guardias civiles.

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Después de años de manifestaciones, en los que las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía no han conseguido que el compromiso suscrito por el ministro Juan Ignacio Zoido, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se haya trasladado a una ley y se pueda obligar a su aplicación, la asociación civil, que tiene un carácter horizontal y desligada de cualquier partido político, explorará nuevas vías.

No está en sus planes, explicó el vicepresidente José Ariza durante una comparecencia ante los medios de comunicación, reunirse con políticos. Cuentan con el apoyo de distintas asociaciones y colectivos. Como primer paso, emprenderán la vía administrativa, ante el Ministerio del Interior, para plantear sus exigencias, expuso Durán. Esperando que ésta no tenga recorrido, a juzgar por las últimas decisiones del ministro Fernando Grande-Marlaska, después se abordará la vía judicial con una demanda colectiva que no girará en torno al incumplimiento del compromiso del Gobierno sellado en 2018 -vía que la Audiencia Nacional ya cerró- sino por la vulneración de derechos fundamentales como el de la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución o el apoyo en la legislación europea sobre derechos laborales. Javier Borrego, letrado del despacho y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hasta 2020, asumirá el peso de la acción judicial.

«No se trata solo de dinero, sino de honorabilidad y respeto», afirmó el presidente de la nueva asocación, Vega. En tiempo récord y a través de Telegram, policías y guardias civiles que proceden de distintas asociaciones y sindicatos se han ido uniendo y haciendo sus donativos. Se estima que el trabajo del despacho ascenderá a los 75.000 euros. Todos los fondos de la recogida de donaciones irán destinados a la interposición de la demanda en las instancias que sean necesarias. El montante hasta los 84.000 euros con los que ya cuentan estará destinado a las costas y gastos de intermediación, como se ha especificado en la página web de Equiparación real.