Así es el populismo fiscal de Unidos Podemos para ganar votantes

Podemos plantea un aumento de la recaudación de 10.800 millones de euros en el IRPF, resultado de aumentar el número de tramos del impuesto a partir de los 60.000 euros de renta estableciendo un gravamen entre el 45% y el 55%. Además se eliminarán algunas deducciones en este impuesto y corregir progesivamente la dualidad entre rentas del ahorro y del trabajo.

En el impuesto de sociedades se contempla un aumento de ingresos de otros 10.800 millones de euros (otro 1% del PIB). Podemos plantea subir el tipo general del impuesto de hasta el 30% (Ahora está en el 25%). Además de elimnar deducciones del impuesto.

Podemos plantea por otro lado recaudar 5.400 millones con el establecimiento de dos nuevos impuestos : a las transacciones financieras y «de solidaridad», que se aplicaría sobre los beneficios del sector bancario.

Podemos tiene intención de imitar al primer ministro griego, Alexis Tsipras, en su estrategia de confrontación con Bruselas. Cuando presentó su programa ya adviertió de que no va a cumplir con el ajuste de 8.100 millones que la UE exige a España para los dos próximos años. A cambio, plantea un nuevo calendario para los compromisos del déficit, que no bajaría del 3% hasta 2018 y se quedaría en el 2,1% al cierre de 2019.

«El Gobierno tiene que sentarse con Bruselas para renegociar el objetivo de déficit y trasladarle la imperiosa necesidad de que el objetivo de estabilidad sea pospuesto hasta la segunda parte de la legislatura», señaló entonces el responsable económico del partido, Nacho Álvarez, que admitió la ausencia de un plan B: no negociarán, sino que «informarán».

Podemos nunca ha terminado de renunciar a la renta básica, una de las medidas estrellas con la que saltó a la arena política, aunque la ha ido modulando. A estas elecciones se presenta con un compromiso de renta garantizada en el que la cuantía será de 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro . Esta cantidad aumentaría progresivamente en función del número de miembros (35% adicional para el segundo miembro y 20% adicional para cada uno de los siguientes) hasta llegar a los 1.290 euros.

Podemos ya no plantea exáctamente el impago de la deuda. Ha sustituído su propuesta por la convocatoria de una conferencia europea de la deuda que aborde una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas mediante un canje de bonos. El BCE tendría que estirar de nuevo su balance al canjear los viejos títulos por unos nuevos al 0% de interés. Ese proceso de reestructuración debería desarrollarse hasta dejar las deudas por debajo del 60% . Su propuesta lo fía todo a que el BCE siga comprando deudas.

El programa electoral de Izquierda Unida para los comicios generales de diciembre de 2015 habla claro. En el apartado económico, la formación califica la presión fiscal aplicada en España, que sitúa en el 32,5% del PIB, de «verdaderamente baja». Tras este aviso a navegantes, el partido encabezado por Alberto Garzón enumera numerosas medidas para aumentar los impuestos.

Un nuevo impuesto, «extraordinario», sobre los incrementos de patrimonio obtenidos en la crisis, entre 2010 y 2015, justificado «políticamente» para equilibrar las pérdidas salariales de otras personas . Tendría tramos y estarían exentos los primeros 100.000 euros de incremento.

Entre otros nuevos tipos impositivos el programa incluye uno sobre los bienes suntuarios, aplicable a bienes y servicios «considerados de lujo», y prevé cambiar el del patrimonio por uno sobre la riqueza, que trataría de evitar que las grandes fortunas tributen con sociedades.

La creación de una banca pública es una «necesidad impostergable», dice Izquierda Unida, para financiar el nuevo modelo productivo que quiere para la economía. Según este planteamiento, sería vital para dar crédito a las pymes.

La coalición «a la valenciana» que lidera Compromís propone varias medidas fiscales de marcado sesgo ideológico, como una «fiscalidad verde» (penalizar las energías no renovables, como la nuclear) o impedir que los deportistas que no tributen en España jueguen con la selección.

El sector de la construcción, pese al estallido de la burbuja, vuelve a tirar con fuerza en la costa. Compromís creará un nuevo impuesto a las recalificaciones urbanísticas , impedirá construir en diseminado (el tipo de vivienda que buscan los extranjeros) y penalizará las viviendas vacías.

Compromís propone también revertir las concesiones sanitarias y superar gradualmente los conciertos educativos, de forma que estos dos servicios se presten exclusivamente con medios públicos. Exigirá perspectiva de género para contratar con la Administración.

En Comú Podem, la confluencia que en Cataluña une a la formación de Ada Colau, junto a ICV y Podem, propone elevar la presión fiscal de los tramos más altos de renta. Así, la coalición que encabeza Xavier Domènech propone un nuevo tramo en el IRPF para las rentas superiores a 100.000 euros anuales, en convergencia», dicen, con los países nórdicos». De igual forma, proponen «superar» el antiguo impuesto de Patrimonio con un nuevo Impuesto sobre la Riqueza (IR) cedido al 100% a las autonomías .

Otras medidas buscan penalizar la escuela concertada (el 30% del alumnado catalán), con una «auditoría general y permanente» así como «un sistema de penalizaciones y revocación de convenios» en caso de irregularidades. El programa reconoce que el objetivo es reducir progresivamente las escuelas concertadas y la revocación automática de los conciertos en centros que segregan por razón de «género, religión y élite económica».

En las ciudades gallegas en las que gobiernan, las Mareas ya han demostrado que su política pasa por una subida masiva de impuestos, y su programa electoral no profundiza más allá de las líneas generales que representa el documento de la matriz a nivel nacional. La coalición formada por las federaciones gallegas del partido de Pablo Iglesias e Izquierda Unida con los nacionalistas de Anova y Xosé Manuel Beiras reduce sus propuestas en política fiscal a cincuenta palabras dentro de sus «20 ideas para el cambio en Galicia». Entre ellas, solo l ugares comunes como la «lucha contra el fraude y la evasión fiscal» , «terminar con el uso partidista de la Agencia Tributaria», instaurar una «fiscalidad verde» y penalizar las transacciones financieras globales.

La supuesta «progresividad» terminó por revelarse como una subida generalizada de impuestos a los ciudadanos por la vía del IBI o las tasas de circulación a todo tipo de vehículos.