Elecciones 26-J
La transparencia, una asignatura pendiente también para los «partidos del cambio»
Ninguna formación ha publicado en su web la viabilidad económica de sus propuestas, ni qué reformas a nivel constitucional, institucional y legal deben realizar para cumplir con sus promesas
La Ley de Transparencia aprobada en el año 2013 supuso la respuesta a la necesidad de regulación de la gestión pública española tras años de vacío legal . Esta opacidad parecía entonces llegar a su fin cuando los partidos políticos quedaron atados a la obligación de hacer públicas sus cuentas y sus propuestas, también los balances económicos derivados de su actividad, sus estructuras organizacionales y, en líneas generales, todo lo que un ciudadano debe saber sobre quiénes ostentan el mandato estatal y quiénes aspiran a hacerlo. Pero la realidad dista de las expectativas.
La transparencia —entre otras cosas, como fórmula para combatir la corrupción — importa a los españoles y los partidos lo saben, por eso, los nuevos proyectos políticos que entraron a escena el pasado 20-D incorporaron en sus discursos la información pública como seña de regeneración y elemento diferencial de la «vieja política».
Pero el eslogan de estas «formaciones por el cambio» no se ha transformado en un compromiso con la transparencia, según un estudio llevado a cabo por la Fundación Compromiso y Transparencia ningún partido puede ser clasificado de «Transparente» , siendo «Opaco» trece de ellos, y nueve «Translúcido». Llama la atención que los nuevos partidos publican menos información relevante en su página web que los veteranos, según el criterio de la Fundación.
No clarifican la viabilidad de sus propuestas
Ninguna formación de la muestra recogida —entre las que se encuentran los cuatro partidos que compiten por la presidencia el 26-J— tiene cuantificada económicamente la viabilidad de sus propuestas , ni tampoco especifican qué reformas a nivel constitucional, institucional y legal deberán realizarse para cumplir con sus promesas. Esta opacidad es la causa de que, según el mismo estudio, la gran mayoría de los ciudadanos no crean en las promesas presentadas en los programas , que se han convertido en una simple herramienta propagandística sin relevancia en el momento del voto.
Los datos extraídos del estudio sorprenden si se tiene en cuenta que España es el país de la Unión Europea que más financiación pública otorga a las organizaciones políticas : un 85% , según el último ejercicio fiscalizado por el Tribunal de Cuentas.
El panorama en otros países de la Unión Europea es bien distinto. En el Reino Unido , ahora abandonado a la suerte del Brexit, el partido que menor porcentaje de financiación pública recibe es el que ostenta el poder en ese momento. En Alemania , la financiación se distribuye en función de los últimos resultados electorales y de los donativos privados recibidos. De acuerdo con la legislación alemana, en ningún caso las subvenciones públicas pueden ser superiores a los ingresos privados.
Medidas muy distintas a las recogidas en la legislación española, que apuesta por la financiación pública como, prácticamente, única vía posible ante las donaciones privadas , difícilmente mensurables. Con una ayuda tal del erario público, los partidos españoles tienen asignaturas pendientes en materia de transparencia, tarea nada difícil en la era de la tecnología y de la comunicación digital.
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