La confianza en el Sergas crece y lidera la clasificación estatal

Cuando estas mismas preguntas se planteaban en 2009, coincidiendo con el inicio del mandato de Alberto Núñez Feijóo, los gallegos lo tenía algo menos claro que en la actualidad, pues los porcentajes eran notablemente inferiores: 73,4%, 46,8% 67,6% y 67,3%. Tras dos legislaturas donde la palabra «recorte» ha sido de las más asociadas a la sanidad gratuita y universal, la percepción de los gallegos respecto a sus centros de salud y hospitales ha mejorado .

No hay balance que no se preste a una buena guerra de cifras y más en ámbitos tan sensibles. Así, por ejemplo, algunos dirían que hay menos camas que hace siete años. Otros responderían que Galicia cuenta, en cambio, con más quirófanos. Algunos se fijarían entonces en que el gasto sanitario por habitante ha mermado —según la memoria del Consello Económico e Social de Galicia— en este periodo. Otros pondrían el acento en que las listas de espera a 30 de junio de este año son las mejores que existen desde que hay registros . Además, las vías rápidas para atender patologías como el cáncer reducen esta demora incluso a 7, lo que se combina con la celeridad y detección precoz gracias a los programas de cribado en casos como colon y mama.

Algunos hablarían de una menor cuantía en los presupuestos de la Xunta. Otros lo reconocerían, pero matizarían que también en conjunto los bolsillos del Gobierno autonómico han dispuesto de menos fondos ( hasta 2.000 millones por año ) durante la recesión, y recordarían que el porcentaje destinado a sanidad dentro de ellos se ha incrementado de un 34% a un 40%. Entre los aspectos de los que más suele presumir Feijóo cuando recapitula su gestión sanitaria está la construcción y renovación de infraestructuras. Siete de cada diez gallegos tienen ahora en su área de influencia un hospital o centro de salud nuevo o reformado . La aspiración es que en 2020 lo tenga el cien por cien. Al Álvaro Cunqueiro de Vigo, la mayor obra sanitaria construida recientemente en España, se suma el nuevo edificio de hospitalización del CHUO, la ampliación de las urgencias del CHUAC, del Salnés, además de otras iniciadas como la de A Mariña o el Montecelo de Pontevedra. Hay 25 centros de salud nuevos y 11 reformados, además de otros licitados .

En su hoja de servicios anota, además, la ley de garantías de prestaciones sanitarias , que fija los plazos máximos de atención, la libre elección de médico de cabecera, pediatra o personal de enfermería y la posibilidad de segunda opinión en un diagnóstico. Gracias a la digitalización hoy funcionan, por ejemplo, la historia clínica electrónica , el programa de prescripción de medicamentos (además del catálogo) o la receta electrónica.

Varias de las crisis más agudas que ha sufrido el gabinete de Feijóo en la última legislatura se han gestado en hospitales. Primero fue en Lugo, con la sala hemodinámica que solo funciona en horario de mañana, y la falta de equipos de medicina nuclear y radioterapia. Estos dos últimos servicios ya están operativos , mientras que la unidad de cateterismos se mantiene igual, una decisión respaldada por un estudio que no constata que haya más fallecimientos por infarto en dicha provincia. La dotación tecnológica ha sido otra de las fortalezas del Sergas. Los datos del Ministerio atestiguan que hay más TACs, aparatos de resonancia magnética o equipos de hemodiálisis. En estos momentos está en marcha una inversión de 88 millones de euros .

La segunda crisis la provocó la inauguración del Cunqueiro. Hoy a pleno rendimiento, su puesta en marcha no fue todo lo exitosa que sus responsables habrían deseado. Ambas cuestiones explican la salida de la exconselleira Rocío Mosquera, única de la que Feijóo —poco dado a las improvisaciones— decidió prescindir por una causa no forzada con una legislatura en marcha . El nuevo centro hospitalario salda una deuda histórica con el suroeste de Galicia y ha permitido jubilar el viejo Xeral y aliviar el saturado Meixoeiro.

Ya con Jesús Vázquez Almuíña al frente de este departamento, llegó la tercera crisis, derivada de la acusación a dos cargos públicos por supuestamente retrasar el tratamiento para enfermos con hepatitis C, hecho que derivó en una investigación judicial, con la acusación de la Fiscalía, por un presunto delito de prevaricación.