La extrema izquierda propone sancionar a quien venda su casa por más de lo que le costó sin darle uso social

Punto 227 del programa de Por Andalucía: «Incorporar medidas de vigilancia, inspección y sanción que impidan la especulación . Impedir que aquellos suelos y/o viviendas que no han sido mejorados, transformados ni han satisfecho su función social queden limitados al precio al precio de adquisición, incrementados exclusivamente por el IPC más los gastos documentados inherentes a la transmisión».

Para Adelante Andalucía los sujetos intervinientes en la especulación son « tanto quien compra como quien vende », así como la entidad que financie la operación y la administración competente que, a su juicio, «no preste la suficiente diligencia en el deber de vigilancia». La norma propuesta por esta formación respecto a la especulación en materia de vivienda «establecerá mecanismos para evitarla y sancionarla».

Por Andalucía plantea incorporar en el marco normativo la siguiente definición de especulación: «la acción sobre el suelo y/o la vivienda que realiza una persona física o jurídica consistente en la compra y venta de terrenos o vivienda (…) con el objeto o resultado de obtener un beneficio incrementado su precio de adquisición , sin invertir ni transformar o mejorar el bien, «despreciando su valor de uso».

Este partido plantea además sancionar a las entidades financieras por mantener viviendas deshabitadas por incumplir «su función social». Propone asimismo que se active el registro de vivienda deshabitada y se desarrolle una estrategia para poner en el mercado la vivienda vacía.

El programa de Por Andalucía pide desarrollar en Andalucía la futura ley de la vivienda aprobada por el Gobierno central para regular el límite del precio del alquiler , declarar zonas de mercado residencial tenso e impulsar el alquiler a precio limitado de la vivienda protegida.

Andalucía Adelante, por su parte, plantea incorporar a la legislación como causa de incumplimiento de la función social de la vivienda que esté desocupada o, por contrario, sobreocupada. También constituirá una infracción, en el caso de la vivienda protegida, que no se destine a residencia habitual y permanente de la persona adjudicataria.