Zapatero defenderá ante la UE la solvencia de España frente a los rumores de rescate

En todo caso, todos los líderes políticos europeos expresaron desde ayer, cuando empezaron a llegar a la capital comunitaria, su confianza en la economía española para resolver sus desequilibrios presupuestarios. Fuentes de la Comisión Europea explicaron ayer que no hay ninguna base económica para estos rumores sobre una posible petición de ayuda al Fondo de Rescate Europeo por parte de España ya que nuestro país se encuentra en similar riesgo macroeconómico que otros ocho países europeos, e ntre los que destaca Reino Unido.

Además de negar los rumores, Zapatero intentará que el Consejo de la Unión Europea tome una posición sobre la controvertida tasa bancaria, uno de los temas cruciales de la próxima reunión del G-20 que tendrá lugar la próxima semana en Canadá.

Pese a que el diferencial entre el bono español y el alemán, el de referencia en Europa, se encuentra en máximos históricos y que desde el viernes se suceden las especulaciones sobre que la UE prepara el rescate de España, los Veintisiete creen que "no hay necesidad" de discutir durante el Consejo Europeo la crisis española porque ya se abordó la semana pasada en las reuniones del Eurogrupo y del Ecofin. Asimismo, se descarta una declaración de la UE apoyando a España para frenar estas especulaciones salvo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la pida, explicaron varias fuentes diplomáticas. Eso sí, «España y otros países saben que, si creen que es útil informar a sus colegas de las reformas (como la del mercado laboral aprobada este miércoles), habrá un momento para que lo hagan», señalaron las fuentes.

Sin embargo, fuentes oficiales españolas avanzaron hoy que Zapatero defenderá la solvencia de las finanzas públicas españolas ante los continuos «rumores especulativos» sobre España.

El Ejecutivo comunitario ha pedido al Gobierno que concrete nuevas medidas de recorte de gasto por valor del 1,75% del PIB en los presupuestos de 2011.

Los líderes europeos reiterarán su compromiso de "garantizar la sostenibilidad fiscal" y de "lograr sin demora los objetivos presupuestarios". Por ello, acordarán "adoptar un ritmo diferenciado en la consolidación fiscal teniendo en cuenta tanto los riegos fiscales como los no fiscales". En este sentido reclamarán a los países donde "los riesgos son particularmente altos" que también actúen, aunque sin citar a ningún Estado.

Las estrategias de consolidación deben centrarse en la "contención del gasto" más que en el aumento de impuestos. Para evitar nuevas crisis de deuda en la UE, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometerán a endurecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), informa Ep.

La medida más novedosa es que la UE revisará los presupuestos nacionales de los Estados miembros antes de su aprobación parlamentaria para verificar que las hipótesis de crecimiento e inflación en que se basan son realistas y forzar la corrección a tiempo de cualquier desviación del déficit. En este capítulo se dará un tratamiento especial a Reino Unido, que se niega a remitir sus presupuestos a Bruselas antes que a su parlamento.

Los líderes europeos reclamarán también que todos los países elaboren leyes nacionales que recojan los objetivos de reducción del déficit. Y pedirán a la Comisión que desarrolle una serie de indicadores para detectar cualquier problema de competitividad entre los países de la eurozona.

También se prestará más atención al nivel de deuda, se reforzarán las sanciones contra los países incumplidores y se aplicarán desde una fase más temprana, incluso antes de que superen el umbral del 3%, según el acuerdo alcanzado por los ministros de Economía el pasado lunes. Londres quiere que las nuevas sanciones sólo afecten a los países de la Eurozona. La reforma del Pacto de Estabilidad debe concluir en octubre. Pero más allá de este principio de acuerdo que ratificarán los líderes, persisten las diferencias entre los Estados miembros sobre las nuevas sanciones. Bruselas ha propuesto que se congelen los fondos estructurales a los incumplidores, e incluso otras partidas como el gasto agrícola. Pero Alemania quiere ir más allá y suspender el derecho de voto del infractor en las reuniones de la UE. Ello exigiría modificar el Tratado, algo que rechazan el resto de socios.

Además de endurecer el PEC, los líderes europeos quieren dar un nuevo impulso a las reformas financieras para prevenir una nueva crisis. En este sentido, apoyarán la creación de una tasa bancaria para que las entidades contribuyan a financiar los costes de futuras crisis. "El Consejo Europeo acuerda que debe introducirse una tasa sobre las instituciones financieras para garantizar que éstas contribuyan al coste de las crisis", señala el borrador de conclusiones de la cumbre.

Los 27 expresarán así su determinación de seguir adelante con este nuevo impuesto en la UE pese a la falta de acuerdo en el G-20, donde cuenta con el rechazo, entre otros, de Canadá. No obstante, los Estados miembros también están divididos sobre si esta tasa debe gravar activos o beneficios y sobre si debe destinarse al presupuesto, como quiere Reino Unido, o a crear un fondo para liquidar bancos quebrados, como defiende la Comisión. Bruselas presentará sus propuestas en otoño.

Además, los Veintisiete tienen previsto adoptar la nueva estrategia económica de la UE para los próximos 10 años, una de las prioridades de la presidencia española. Su objetivo es "ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y salir más fuerte, tanto a nivel interno como a nivel internacional, estimulando la competitividad, la productividad, el potencial de crecimiento, la cohesión social y la convergencia económica". Para ello, los líderes europeos fijarán cinco objetivos prioritarios. Los tres primeros ya fueron acordados en la cumbre de marzo: aumentar la tasa de empleo al 75% de la población entre 20 y 64 años; aumentar la inversión en I+D al 3% del PIB; y reducir las emisiones de CO2 en un 20% en relación con los niveles de 1990, aumentar la cuota de renovables hasta el 20% y mejorar un 20% la eficiencia energética.

Sobre el cuarto objetivo, el más novedoso porque trata de dar una dimensión social a la estrategia económica, también se ha alcanzado un compromiso: la UE quiere reducir en 20 millones (un 16%) el número de personas que viven en una situación de pobreza o exclusión de aquí a 2020.

Pero persisten las diferencias en el objetivo de educación: reducir el abandono escolar por debajo del 10% y aumentar al 40% el porcentaje de población entre 30 y 34 años con formación universitaria o equivalente. Reino Unido y Alemania se han comprometido a presentar su propia alternativa. Una vez que se hayan fijado los objetivos a nivel de la UE, cada Estado miembro deberá fijar sus propias metas nacionales.