A tortas por los subsidios a los parados

Probablemente las discrepancias provienen de la propia concepción de los subsidios. Mientras que para algunos, entre los que me incluyo, debería tratarse de ayudas puntuales para hacer frente a una situación difícil, pero encaminadas siempre a devolver a los afectados al mercado laboral, para otros, entre los que está una buena parte de la izquierda, los subsidios no tienen que ser algo transitorio, ni condicionado, sino permanente y que llegue al mayor número de beneficiarios posible. Es lo de dar el pez o enseñar a pescar. Hay quienes pensamos que, lógicamente, hay que ayudar a quien se encuentra en una situación difícil, pero fundamentalmente hay que darle la oportunidad de que pueda ganarse la vida por sí mismo, hay que devolverle al mercado de trabajo, y ahí deben estar encaminadas las ayudas.

En este sentido, la reforma que propone el Ministerio de Economía, de que los subsidios sean mayores al principio y vayan poco a poco disminuyendo la cuantía, e incluso que sean compatibles durante algún tiempo con el empleo, parece una medida adecuada para incentivar esa vuelta al mercado laboral. Como también parece adecuado que si se rechazan las ofertas de trabajo se pierda el derecho al subsidio, una medida que ya está en la legislación actual, pero que en la práctica no se aplica. Los subsidios, sin control, sin requisitos, solo fomentan la economía sumergida. Es más rentable, en muchos casos, recibir esa ayuda de los 480 y hacer unos cuantos trabajos en negro, que acceder a un trabajo con el salario mínimo, y tener que pagar IRPF, Seguridad Social... Y si esto ocurre, como está ocurriendo, es que algo estamos haciendo mal, y hay que cambiarlo.

Yolanda Díaz, sin embargo, ha puesto el grito en el cielo al oír hablar de un posible endurecimiento de la medida. Y al contrario que Calviño, propone elevar las cuantías del subsidio durante el primer año: hasta 660 euros los seis primeros meses, 540 los seis siguientes y 420 el resto, hasta llegar a los 30 meses actuales (Calviño quiere reducirlo a 12 meses). Además, pretende extender la medida a los menores de 45 años y a los eventuales agrarios que no están protegidos por el PER de Andalucía y Extremadura.

La pelea está servida y hay pocas dudas de por quién se decantará el presidente del Gobierno. Sánchez ya ha demostrado en otras ocasiones que está más cerca de las tesis de Yolanda Díaz que de las de su propia vicepresidenta económica, que, además, según dice el propio Gobierno, está ya de salida. Los subsidios generalizados, que tanto se llevan en los regímenes populistas iberoamericanos, y que en España hemos conocido en forma de PER en Andalucía y Extremadura, no sirven para apuntalar el desarrollo económico y generar riqueza, pero sí pueden ayudar a fidelizar el voto, y quizás a eso estamos jugando.