El país con más paro de la UE, el que más grava el empleo

Explica el IEE que la presión fiscal se ha situado al cierre de 2023 en torno al 39% del PIB. En 2017, último año de gobierno del PP, estaba en el 34,5%, lo que significa que este periodo ha subido en más de cuatro puntos porcentuales. Y está muy bien recaudar más si eso es debido a que aflora economía sumergida, y a que hay más actividad, y algo de eso ha ocurrido. El problema es cuando el incremento se debe a cambios normativos, y en este periodo ha habido unos cuantos.

Según el Instituto Juan de Mariana, en promedio el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha creado o subido un impuesto cada mes, sesenta y nueve desde 2018. Desde los incrementos de las cotizaciones a la Seguridad Social a empresarios y trabajadores, a la tasa Google, la tasa Tobin, el impuesto a las energéticas, a la banca, la subida de la tributación por las primas de seguro... En total, explica el instituto que dirige Manuel Llamas, el contribuyente medio tiene que destinar más de la mitad de lo que gana a Hacienda.

El Gobierno ha justificado sus continuas subidas de impuestos en que la presión fiscal en España es todavía inferior a la media de la Unión Europea. Y eso sigue siendo verdad, aunque la diferencia es cada vez menor. Según cálculos del Instituto Juan de Mariana, si se armonizara la fiscalidad española con la europea la subida de impuestos resultante sería de 39.000 millones de euros, unos 2.082 euros por hogar.

Pero la diferencia entre la presión fiscal en la UE y en España no se debe a la carga impositiva que soportan los empresarios que, de hecho, es en nuestro país muy superior a la de la media de la UE, según el Instituto de Estudios Económicos. En concreto, explican, la recaudación por Sociedades supuso en España un 2,7% del PIB en 2022, último año del que hay datos disponibles, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social alcanzaron el 9,5% del PIB. Ambas cifras combinadas suponen un 12,2% del PIB. Un porcentaje más elevado del que pagan de media las empresas europeas, que aportan un 10,4% del PIB. No obstante, la diferencia no está en el pago del Impuesto de Sociedades, que es mayor de media en la UE, sino en las cotizaciones a la Seguridad Social. No deja de ser una paradoja que el país con más desempleo de la Unión Europea sea precisamente el que más grava la contratación y el empleo.

De hecho en la comparativa de la OCDE España es el cuarto país en el que los salarios altos soportan una mayor carga por la suma del IRPF y cotizaciones sociales, hasta el punto de que casi el 60% de lo que le cuesta a las empresas contratar a un asalariado de sueldo alto es para estos menesteres, y el salario solo representa el 40% del total. En sueldos medios y bajos la proporción es menor, pero entorno al 40% es para cotizaciones e impuestos.

Y el horizonte no parece muy halagüeño. El Gobierno y sus socios insisten en mantener la carrera del alza impositiva para alcanzar esa media de la presión fiscal europea. Quizás deberían preocuparse más por llegar a alcanzar antes la renta media de la UE, y en todo caso, redistribuir la carga impositiva, no puede ser que el empleo sea el más castigado.