La hipertrofia legislativa que frena la actividad empresarial

A estas obligaciones estatales se unen los centenares de normas que aprueban las comunidades autónomas, e incluso los ayuntamientos. Hace unos días el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, aprovechaba la presentación de un informe sobre la fiscalidad autonómica y foral para denunciar «el excesivo activismo fiscal de las administraciones territoriales en España». Según Pich, a efectos de IRPF España es ya de facto casi un estado federal porque todas las comunidades autónomas han legislado para cambiar la tarifa estatal, al alza o a la baja. Y en conjunto hay cerca de un millar de medidas fiscales (991) específicas aprobadas por las comunidades autónomas utilizando la capacidad normativa que tienen tanto en impuestos cedidos como en propios. «Se ha configurado un galimatías espectacular que no tiene ninguna ventaja y no solo se complica la vida a la gente sino al sistema judicial», explica el presidente del Consejo General de Economistas.

Y es que la excesiva regulación, y los cambios normativos, con la inseguridad jurídica que generan, unido al incremento de costes para las empresas –laborales y fiscales–, están entre las principales preocupaciones de las empresas españolas, y de las extranjeras que quieren venir a invertir aquí. Y es una preocupación especialmente para las pequeñas y medianas compañías, que no tienen a su disposición grandes departamentos jurídicos que primero les informen de las nuevas regulaciones, y después les ayuden a cumplirlas.

De hecho estas trabas cada vez mayores, y la inseguridad jurídica que suponen los cambios regulatorios pueden estar detrás de la caída de la inversión, especialmente internacional, en nuestro país. Según los datos de DataInvex, en 2023 la inversión extranjera cayó en nuestro país un 18,5%, hasta los 28.215 millones de euros, que es el dato más bajo desde 2020. Más de la mitad de esta inversión, 15.323 millones tuvieron como destino la Comunidad de Madrid.

«España no facilita la inversión extranjera, ya que es de los pocos países de Europa que aún aplica impuestos sobre la riqueza, lo que nos sitúa en una clara desventaja fiscal», argumentan desde el Consejo General de Economistas. Y no se trata solo de impuestos, como el de la banca o el de las energéticas, que todavía no sabemos si se convertirán en permanentes; o del continuo aumento de las cotizaciones sociales, ... se trata de cambios regulatorios continuos que dificultan la estabilidad que exige la inversión.

En este entorno, el Ministerio de Economía quiere utilizar la inteligencia artificial para reducir la burocracia y crear una interfaz que permita que con solo rellenar unos datos se cumplan las exigencias de todas las administraciones. Si se consigue, será sin duda un gran avance.