cuentas sin cuentos
El campo protesta y la industria espera su nueva ley
Se le acumula el trabajo al Ejecutivo. La necesidad de contentar a los socios no puede hacerle olvidar las medidas que necesita el sector productivo para que España genere riqueza y empleo
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Iniciar sesiónMientras al Gobierno se le complica la legislatura por las exigencias de Junts de una amnistía total al 'procès' que incluya delitos de terrorismo y traición mientras el PP despliega todas sus armas para concienciar a Europa de la situación, los problemas reales de ... la economía se acumulan a las puertas del Ejecutivo. Las protestas del campo español, mimetizando las que se llevaron a cabo en Francia, exigen una respuesta del Gobierno que no se resuelve con el intento de descalificar a los organizadores. Ya lo hizo el Gobierno de Sánchez en la pasada legislatura con las protestas de unos transportistas, a los que no consideraba interlocutores válidos, y provocó un enquistamiento del conflicto, de modo que imagino que habrá aprendido la lección y negociará con todos. Aunque también los agricultores y ganaderos tienen que tener cuidado con las protestas, porque si acaban convirtiéndose en vandalismo, perderán la razón, y sus justas exigencias, de menos burocracia, competencia leal con los productores de fuera de la UE, y una ley de la cadena alimentaria que funcione, quedarán diluidas entre los actos violentos. Y después del campo, el transporte también se pone a la cola de las reivindicaciones y tiene previstas movilizaciones en los próximos días.
Estas protestas que exigen una actuación urgente por parte del Ejecutivo no pueden hacer olvidar otras reformas que necesita la economía española para seguir creciendo y creando riqueza. Y uno de los sectores olvidados y que merece toda la atención del Ejecutivo es el industrial.
El pasado jueves conocimos el Barómetro Industrial 2023 del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti), que incluye un informe del Colegio de Economistas sobre la situación de la industria en nuestro país, y que refleja que el peso del sector en la economía española todavía está lejos de alcanzar ese 20% que hace ya décadas se fijó como objetivo para el año 2020.
Según estos informes, en 2022, el sector industrial aportaba el 17% del Valor Añadido Bruto (VAB) total del país, algo menos de 214.000 millones. Esta cifra es muy superior al 3% que representa la agricultura, o el 5% de la construcción, pero sigue poniendo de manifiesto que España es, fundamentalmente, una economía de servicios, que aportan el 75% del VAB.
En la presentación del informe, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, explicaba que la recuperación de la industria española está siendo más débil de lo que se esperaba, e incluso muestra señales de ralentización, pese a que a finales de 2022, último ejercicio del que hay datos, todavía no había llegado a recuperar el nivel prepandemia. En este sentido, Pich reclamó una nueva ley de industria, comprometida en la legislatura pasada, pero que todavía no ha visto la luz.
También el presidente del Cogiti, Jose Antonio Galdón, abogó por una nueva ley que permita afrontan los problemas estructurales del sector . A su juicio, «esta norma debería apostar por la autonomía estratégica y considerar las zonas despobladas como eje del nuevo desarrollo industrial que dé soporte a la transición energética y la descarbonización de la economía». Y es que, según el Barómetro Industrial 2023, un 80% de los ingenieros consultados considera necesaria esa nueva ley de industria, con problemas específicos para las zonas de reto demográfico.
Urge, por tanto, que el Gobierno se ponga las pilas con esta ley que puede ayudar también a crear empleo en zonas rurales, donde el campo tiene tantos problemas.
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