Las amenazas de las energéticas surten efecto
Sánchez se replantea rediseñar el tributo a estas compañías que se creó con carácter temporal pero que el acuerdo de investidura de PSOE y Sumar preveía convertir en permanente
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Iniciar sesiónLas amenazas de las compañías energéticas, la última Repsol, sobre la deslocalización de inversiones hacia países más amables con la gran empresa, están llevando al Gobierno a replantearse el impuesto que creó hace año y medio para gravar los beneficios extraordinarios que las compañías obtuvieran ... en 2022 y 2023, lo que se conoce como beneficios caídos del cielo, porque no llevan aparejado ningún coste para su logro.
El diseño de este tributo, al igual que ocurre con el de la banca, ya despertó mucho recelos en su día porque aunque en teoría grava los beneficios extraordinarios, tiene como base imponible un porcentaje de las ventas, con lo que finalmente no se está pagando por esos beneficios extraordinarios. Además, se creó con un carácter temporal, para dos ejercicios, sin embargo, en el acuerdo de investidura de Sumar y PSOE se prevé convertirlo en un impuesto de carácter permanente.
Desde la Unión Europea también se ha advertido sobre el tributo, y se ha instado al Gobierno español a retirarlo ya que no se dan las circunstancias excepcionales que lo motivaron y que, de hecho, llevó a otros países de la Unión a crear impuestos, especialmente a las entidades financieras aunque mejor diseñados que el español, ya que se gravan beneficios y no facturación. Argumenta la Comisión que las empresas energéticas se enfrentan a un escenario incierto, con costes de financiación elevados, y que difícilmente van a obtener los beneficios extraordinarios a los que se pretende gravar y por los que se creó el tributo.
Las compañías, por su parte, argumentan que difícilmente van a poder invertir para afrontar la transición energética que se les exige si se les grava como se está haciendo en España mucho más que a sus competidoras en países de nuestro entorno.
Y aparte de las presiones de las empresas y de la Comisión Europea, Sánchez también tiene que lidiar con sus nuevos socios, y tiene que encajar las peticiones de la extrema izquierda con la de partidos, en teoría, conservadores, como la derecha nacionalista catalana y vasca, muy presionada por las grandes empresas de sus territorios.
Con este coctel de ingredientes, primero la vicepresidenta Teresa Ribera, y después el propio presidente Sánchez se han abierto a retocar el impuesto para no perjudicar las inversiones, lo que le obligará a renunciar a unos ingresos con los que cuenta para hacer frente a los enormes compromisos de gasto que se avecinan.
Aplaudiendo que el Gobierno se replantee su decisión de convertir en permanente el impuesto a las energéticas –veremos a ver qué pasa con el de la banca–, lo cierto es que la coalición se enfrenta a un complicado escenario fiscal. A la merma de recursos que le supondrá la desaparición de estos ingresos, se une la pérdida de los obtenidos por los mayores impuestos recaudados por la subida de precios. La vuelta de la inflación a niveles más moderados reducirá considerablemente los ingresos fiscales, y aunque se quiten algunas de las ayudas que iban aparejadas a la inflación, no se cubrirá esa pérdida de ingresos. Lo dicho, complicado escenario para hacer frente además a las exigencias de tantos socios de gobierno, y encima con las reglas fiscales de vuelta. Veremos a ver qué se le ocurre a Sánchez para cuadrar el círculo.
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