Yolanda Díaz planea 'auditorías algorítmicas' para controlar a las empresas

El pasado febrero Díaz firmaba una declaración sobre transparencia algorítmica con la entonces secretaria de Estado de Trabajo, Julie Su, para combatir el sesgo de los algoritmos y colocar los derechos laborales «en el centro del debate democrático». Meses después, en junio, la vicepresidenta presentaba la 'Guía de información algorítmica', un documento con claves para facilitar el acceso a las funciones de los algoritmos que usan las empresas por parte de trabajadores y sindicatos sin la necesidad de que estos tengan un conocimiento específico en informática.

Desde entonces, el Ministerio de Trabajo ha estado buscando cómo entrar en ese mundo algorítmico, que conciben mal utilizado en muchos casos, para descifrarlo y doblegarlo. Pasar de la teoría a la práctica puede ocurrir en cuestión de unos meses contra lo que este departamento considera una «invasión» de los sistemas de inteligencia artificial en el terreno laboral.

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En un momento en el que las relaciones entre Yolanda Díaz y las empresas están prácticamente rotas, la responsable del Ministerio de Trabajo pasa de nuevo a la acción con la idea de poner en marcha 'auditorías algorítmicas' para garantizar la transparencia y evitar los sesgos en la toma de decisiones que las benefician y perjudican a los empleados. El objetivo es noquear esas fórmulas que se están abriendo paso en las empresas por el avance tecnológico y que, en muchos casos, sostiene el Gobierno, se utilizan para penalizar, por ejemplo, con menos incentivos a los trabajadores o vetando sus ascensos, por motivos diversos como haber participado en una huelga o por afiliación a un sindicato. La realidad es que la revolución tecnológica está permitiendo a los negocios usar la inteligencia artificial para aplicar en muchas de las áreas laborales, como es el caso, por ejemplo, del control de la productividad, los turnos, la determinación de salario o la selección de personal.

Lo que busca ahora el departamento que dirige Yolanda Díaz es garantizar que esas fórmulas matemáticas siempre sean supervisadas por un humano. Sostiene el equipo de la vicepresidenta que es clave incorporar transparencia en las reglas laborales con conocimiento también de los representantes de los trabajadores.

Esta es solo otra de las batallas que la vicepresidenta pretende abrir contra la empresas, después de muchos meses de encontronazos y de anunciar que impondrá la reducción de la jornada a 37,5 horas por ley con o sin acuerdo con las empresas. Un recorte horario sin bajada de sueldo que irá asociado de un papel activo de la Inspección de Trabajo que, en este caso, tendría acceso remoto al registro horario de los trabajadores. La idea es la digitalización completa de ese registro y control de las horas realizadas para permitir, de esta forma, la supervisión de los inspectores en tiempo real. Una actuación que se acompañaría de importantes sanciones para los infractores.

La hoja de ruta no ha gustado demasiado a los inspectores, que han alzado la voz contra la falta de medios. La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, advertía hace unas semanas de que para que la reducción de la jornada laboral sea efectiva es necesario reforzar la Inspección con más recursos y más personal. «No se podrá llevar a cabo -dijo-si no se refuerza a nivel operativo y con más recursos la Inspección de Trabajo, porque el papel lo aguanta y lo soporta todo, pero los recursos y los efectivos no».

Yolanda Díaz sigue adelante con sus planes, pero que lleguen a buen puerto no está sólo en sus manos, depende de una mayoría en el Congreso que no tiene, motivo por lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía a finales de noviembre en el Congreso de la UGT un llamamiento a la organización que dirige Antonio Garamendi sobre la reducción de la jornada laboral pese a que la mesa de diálogo está cerrada. «Hemos aprobado la reforma laboral pero nos queda pendiente la reducción de jornada. Pido a la patronal que se siente con los sindicatos y con el Gobierno para tener esa ley en marcha esta legislatura», afirmó el jefe del Ejecutivo.

La patronal, sin embargo, no tiene intención alguna de volver a la negociación con los planteamientos que Díaz ha puesto encima de la mesa por entender que usar una ley para recortar a 37,5 horas la jornada es una injerencia en la negociación colectiva. La respuesta de la vicepresidenta segunda ha sido eliminar las ayudas que tenía previstas para que los pequeños negocios puedan ajusta la semana laboral.