Yolanda Díaz encarecerá el despido al excluir la caída de beneficios como causa objetiva

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas fundamentales que va a desarrollar en esta legislatura su departamento, la vicepresidenta segunda ha declarado, como adelantaba ABC, que la regulación española del despido debe adaptarse a las exigencias de la Carta Social Europea y a la doctrina de la Comité Europeo de Derechos Sociales , que ha resuelto que el despido improcedente no cumple con el principio de resarcimiento, tal y como habían denunciado los sindicatos UGT y CC.OO en julio de 2022. El pronunciamiento del organismo europeo no es, sin embargo, vinculante para España, pero la titular de Trabajo está decida a utilizarlo como excusa para dar el giro a la legislación del despido en España que no pudo hacer en la reforma laboral de 2021.

La vicepresidenta ha reiterado que este debate no va sobre si la indemnización del despido improcedente debe ser de 45 ó de 33 días por año trabajado, sino de que el diseño del despido en España no cumple con la legislación europea.

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Susana Alcelay

«Uno de los problemas de la legislación española es que (el despido) no tiene carácter disuasorio ni resarcitorio, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho. No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro», ha precisado.

Para adaptar la regulación a la normativa comunitaria, Díaz ha reiterado que tiene intención de introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente y, por tanto, no justificado, atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada. Como avanzó este diario ese 'despido a la carta' tendrá en cuenta los factores personales que rodean al afectado, como podrían ser la edad, el número de hijos, la duración del contrato o la situación socioeconómica.

«Esto se va a incorporar a la doctrina de la jurisdicción social, no lo cumplimos en España y que es bastante anómalo (...) Esto es lo que vamos a cambiar, lo vamos a hacer para que se reparen adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente», ha subrayado la titular de Trabajo.

Además, Yolanda Díaz quiere reforzar las causas del despido objetivo, el que permite despedir a las empresas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con 20 días de salario por año trabajado.

La normativa laboral actual permite efectuar un despido por causas económicas cuando de los resultados de la empresa registren pérdidas, actuales o previstas, o una disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o de ventas. «Todo lo que va vinculado a las causas, a los despidos objetivos, es necesario que reforcemos las causas. Esto es clave. En las económicas se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto. No es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues algunas cosas tendremos que cambiarlas», ha apuntado respecto a la posibilidad de despedir por descenso de los beneficios o previsión de pérdidas.

Díaz quiere también hacer que el coste del despido sea «verdaderamente disuasorio». «Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados. Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado, que vulneró la ley, no lo podemos permitir. Y algo fundamental, que un despido no sea rentable», ha remarcado. Ha denunciado que «hay grandes empresas» que, en sus planes económicos y contabilidad, tasan lo que les va a costar despedir trabajadores.

Aunque ha afirmado que no puede desvelar el contenido de la resolución que ha dictado el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido en España, que se hará público en julio, ha insistido en que «es fuente de Derecho y, por tanto, hay que cumplirlo». Lo que no ha dicho la vicepresidenta segunda es que este pronunciamiento no es vinculante y que la Abogacía del Estado respondió el pasado febrero a una denuncia de CC.OO. al Comité Europeo y dijo que los derechos laborales de un trabajador despedido están suficientemente protegidos por el derecho español.

La ministra ha aprovechado también para recordar que su Ministerio ha llegado a un acuerdo con el Cermi para eliminar el despido automático de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente. Como ya informó ABC, la extinción automática del contrato quedará sólo para el caso de muerte de la persona trabajadora. En estos momentos, cuando se produce una declaración de incapacidad no es preciso que el empresario valore si es posible o no acometer los ajustes necesarios para que el trabajador pueda seguir en la empresa. Los cambios legales que ha diseñado Yolanda Díaz eliminarán la extinción si el trabajador decide continuar y siempre que fuera factible. En caso contrario, el empresario deberá ofrecer al empleado el cambio a otro puesto de trabajo vacante compatible con su nueva situación.