Yolanda Díaz cita a empresarios y sindicatos el día 25 para negociar la reducción de jornada tras la fractura por el SMI

Sin embargo, el camino que comienza a andar el diálogo social a partir de esta escabrosa revalorización del salario mínimo para 2024 parece aún más pedregoso vistas las materias que el Ministerio de Trabajo pretende abordar. Desde la patronal CEOE ya se han pronunciado sobre la medida pretendida de recortar la jornada laboral desde las 40 horas de máximo legal establecidas en este momento hasta 37,5 horas en un plazo de tres años.

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Gonzalo D. Velarde

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En su intervención tras suscribir con CC.OO. y UGT el acuerdo para la subida del salario mínimo, Díaz apuntaba que en esa última semana de enero comenzarán los trabajos entre el Gobierno y los agentes sociales para reducir una jornada laboral que lleva «40 años congelada» en España. Y recordaba la vicepresidenta de que éste es uno de los compromisos recogidos en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. «Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país», subrayó Díaz.

Sin embargo, el prisma de la negociación no parece tan evidente como el plantado desde el Ejecutivo. Entre otros motivos, porque las empresas detectan en la medida una alta carga de contenido político, un escaso refrendo de la evidencia científica sobre la procedencia de la medida y en última instancia un incremento de los costes laborales para las empresas. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte de que con la reducción de la jornada laboral se producirá otra «subida implícita del salario mínimo» y ha acusado al Gobierno de «engañar a las empresas».

«¿Ahora cuál es el salario mínimo? Porque si reducimos también esa jornada, es otra subida implícita del salario mínimo. Yo creo que esto en cierta medida es engañar a las empresas y lo digo con toda claridad», aseguraba Garamendi hace pocas horas en una intervención ante los medios con motivos de la presentación de un estudio sobre tendencias de empleo para 2024.

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, destacaron este miércoles en el acto de firma del acuerdo que la subida del SMI tiene «cara de mujer y de joven», pues el perfil tipo del perceptor de esta renta mínima «es mujer, joven, con contrato temporal y que trabaja en sectores como el comercio, la hostelería o en los sectores agroalimentarios».

Los dirigentes sindicales resaltaron además que el SMI «es uno de los elementos fundamentales de justicia social y de reparto de riqueza» y sus efectos son «extraordinariamente positivos» sobre la economía española, pues su subida contribuye al mantenimiento y la mejora del consumo, a reducir las desigualdades y a impulsar la productividad. «La subida de los salarios puede impulsar la mejora de la productividad de la economía porque si se suben los salarios y sobre todo los salarios más bajos se favorecen los mejores proyectos empresariales y se desincentivan los peores proyectos empresariales. Algunos llamarán a esto ideología, pero es una realidad que se puede demostrar ahora mismo con datos empíricamente en España», subrayó Sordo.

Álvarez, por su lado, advierte de que la «ambición desmedida» de los empresarios por los beneficios obliga a seguir trabajando «más y más a fondo» con el SMI, de forma que ha pedido que, por ley, se regule «hasta qué punto es necesario que, de manera automática, los salarios más bajos de convenio afectados por el SMI puedan sumar ese aumento en las propias escalas salariales», evitando disputas que pueden acabar en los tribunales.

«Es muy importante que el SMI sea un soporte permanente a la acción de la negociación colectiva», ha añadido el líder de CCOO, que ha insistido, al igual que Álvarez, en la necesidad de que el SMI «no se desacople» del 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea.

Tanto Álvarez como Sordo lamentan que CEOE y Cepyme no se hayan sumado al acuerdo «a pesar de todas las facilidades» que se les ha dado y confían en que su ausencia en este pacto no afecte al desarrollo de otras mesas de diálogo social, pese a que no se han sumado al acuerdo para subida de esta renta mínima alegando que no se han atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo.