Yolanda Díaz asume que deberá suavizar el recorte de jornada en las pymes para sacar adelante su ley

Se trata de una novedad frente al texto que remitió Trabajo junto al anteproyecto legislativo a principios de año. Es un guiño al tejido empresarial catalán –cercano a Junts–, al ser el que se ha mostrado más proactivo contra la norma, lo que anticipa cambios de calado para este segmento para lograr que la ley salga adelante. Siempre que el partido liderado por Carles Puigdemont no materialice su amenaza de veto en el Congreso en pocos días.

En ese análisis ampliado ahora se ha incluido una radiografía sobre el tamaño de la empresa en el que concluye que «las mayores jornadas medias en determinados sectores están directamente vinculadas con un menor tamaño empresarial medio de estos». Además, Trabajo apunta que el número de trabajadores beneficiados potencialmente por las 37,5 horas semanales «resulta fundamental para estimar los posibles costes salariales».

El Ministerio plasma en ese documento cómo las microempresas, que dan trabajo a un 19% de los ocupados en toda España, tienen la mayor jornada laboral media pactada, de 38,7 horas semanales. Los negocios de entre 10 y 49 trabajadores (un 23% del empleo), tienen una jornada de 38,4 horas; las medianas –hasta 249 ocupados–, 37,8 horas. Y en el caso de las grandes llegan a las 38,2 horas.

A partir de esos datos, Trabajo concluye que los negocios más pequeños serán los que tengan que reducir más su jornada laboral, en unos 70 minutos, frente a las medianas de mayor tamaño, en unos cuatro minutos; y loas grandes; en casi ocho minutos.

Con todas estas referencias sobre la mesa se anticipan cambios en la tramitación, casi todos vinculados precisamente a las pymes. Incluso si fracasa el proyecto de ley nada más entrar al Congreso, la pelota volvería al diálogo social para reiniciar unas conversaciones con cambios. En cualquier caso, desde Trabajo apuntan a que «será una buena ley».

Las principales modificaciones que manejan varias fuentes parlamentarias consultadas por ABC, así como por los integrantes del diálogo social, pasarían por flexibilizar ,en el más amplio término de la palabra, los mandatos de la ley. Estas fuentes apuntan que se podrían plantear modificaciones sobre la entrada en vigor (está prevista para el 1 de enero de 2026 de forma generalizada); la exención de determinadas pequeñas empresas de cumplir con el registro horario telemático e interoperable; la modificación del régimen sancionador; las ayudas a la implantación de aplicación de control horario para pymes; las bonificaciones de cotización a la Seguridad Social por la contratación de nuevos trabajadores para cubrir el trabajo; o un régimen transitorio de ampliación de las horas extraordinarias autorizadas.

Todos estos cambios, que no modifican la ley pero sí anticipan una declaración de intenciones ante el riesgo de que decaiga en la Cámara Baja, llegan también por las advertencias lanzadas por el compañero de gabinete de Díaz, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. En el informe que su departamento incluye en la norma –también remitido a las Cortes– se recomienda a Trabajo «tomar en consideración aspectos como el tamaño de la empresa», por ejemplo; «o el esfuerzo en el que deben incurrir para el cumplimiento de la norma» por parte de las pymes.

Unas señales que el propio Carlos Cuerpo ya advirtió nada más comenzar el año, cuando apuntó a la necesidad de «acompañar» a los pequeños negocios y autónomos en esta transición de las 40 horas semanales legales a las 37,5 horas generalizadas a partir de 2026. Ahora, el Ministerio de Economía insta al de Trabajo a «reflexionar» de forma «conveniente» sobre si es necesaria «la incorporación de medidas adicionales» para facilitar la implementación de la reducción de jornada.

Con estas incorporaciones en su informe técnico, Cuerpo le marca el camino a Díaz después de haberse convertido en el punto de encuentro con la patronal, con la que el ministro ha mantenido «diálogo constante» en los últimos meses. Economía apunta a matizar el proyecto de ley para «minimizar posibles efectos adversos y potenciar los efectos positivos». Y todas las consideraciones del Ministerio pasan de una forma un otra por el papel de las pymes. En concreto valora estudiar si se debe realizar una «aplicación de la normativa adaptada a la heterogenidad empresarial, las casuísticas específicas o la incorporación de medidas de acompañamiento para segmentos concretos».

Además, Economía propone a Trabajo un análisis del impacto de «una mayor flexibilidad en la distribución de las horas» o el «tratamiento específico para el tiempo parcial». Esta referencia a quienes ahora trabajan menos de 8 horas al día también pone en duda la «ambigüedad» con la que la ley marca la proporcionalidad de la subida del sueldo. «Se deberían clarificar los criterios para garantizar una aplicación equitativa» de la medida.