Yolanda Díaz afronta el primer examen de los flecos pendientes de la reforma laboral

Una disposición adicional (la 24) del texto de la reforma laboral obliga a «efectuar una evaluación» de la temporalidad en España a principios de 2025. Tanto la «general» como «por sectores», especifica, publicando las estadísticas. Y si el grado de estabilidad del mercado de trabajo no ha «avanzado» lo suficiente, el Ejecutivo debe proponer medidas para lograrlo. E incide la ley: «Ya sea en la general o en la de los diferentes sectores».

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Un primer reto que tiene el Gobierno pasa por conseguir que la temporalidad baje de forma efectiva en las Administraciones. Porque son los estamentos y empresas del sector público en los que la temporalidad sigue campando a sus anchas. Frente a un sector privado que ha hecho los deberes, tal y como recuerdan fuentes de la CEOE. En el conjunto de empresas de España, la tasa de temporalidad ha pasado del 25% de 2021 hasta el 15% actual. En algunos organismos públicos ronda aún el 30%.

El cambio legal que explica en gran medida esa reducción de la temporalidad del mercado laboral se denomina fijos-discontinuos. Esta modalidad de contratación ha obligado a buena parte de los negocios a dejar de formalizar contratos temporales por obra y servicio (una vía que ha quedado mucho más restringida desde hace tres años) y hacerlo con contratos indefinidos. Esa modalidad tiene un 'pero': los trabajadores se encuentran una parte del año en situación de desempleo por la caída de la actividad de la empresa en la que se encuentran ocupados, como suele ocurrir en hostelería o turismo, entre otras.

Para Valentín Bote, director de Randstad Research, la mejora de la temporalidad «es una cuestión puramente estadística». Apunta que «la actividad económica no se ha visto cambiada porque tenemos mucha estacionalidad o temporal, como el turismo o una cosecha, que antes se cubría con temporales y ahora con indefinidos». De hecho, constata que ahora hay «muchos más contratos indefinidos» pero a la vez difiere: «Tienen una mayor mortalidad que antes» de la reforma laboral de 2022.

Desde que se puso en marcha esta norma, buena parte de las miradas han ido dirigidas a aclarar cuántos fijos-discontinuos en situación de demandante de empleo hay en cada mes. Un registro que todavía no se ha hecho público. El Ministerio de Trabajo apuntó que debía peinar esos datos para poder facilitarlos periódicamente, aunque aún no lo ha hecho. Esa será una de las cuestiones que planteará la patronal en la nueva mesa de diálogo que ya se está constituyendo, según apuntan a ABC en el diálogo social.

Se trata de un comité en el que participarán los empresarios y los sindicatos junto al Ministerio de Trabajo. Tomarán como referencia los datos de enero de 2025 –este martes se publican los de paro registrado y afiliaciones del inicio del año– para compararlos con los de principios de 2022. Entonces la situación económica era muy diferente: España no había salido del 'shock' de la pandemia y afrontaba el reto de la invasión rusa de Ucrania y de una inflación que, por entonces, ya era galopante. Por ello optaron por darse un margen de tres años para evaluar el impacto de la reforma laboral.

La patronal exigirá que Trabajo no haga uso de «normas no laborales que han ido cambiando el mercado de trabajo», apuntan los empresarios. Entre otras, la prioridad de los convenios autonómicos, la competencia de Inspección para verificar la concurrencia de las causas del despido; la obligación de mantener el empleo durante dos años en caso de ERTE;o la posibilidad de modificar el despido.

Aquí es donde los sindicatos van a exigir cambios. Tras el dictamen del Consejo de Europa para adaptar las condiciones del despido en España, UGT y CC.OO. consideran que es momento de abordar ese debate. Se trata de «impedir el despido sin causa», explica Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. «Se despide demasiado fácil y demasiado barato», sostiene.

También incidirán en la necesidad de abordar los contratos de formación. Una modalidad que la reforma laboral puso encima de la mesa pero que apenas se ha usado. «No sabemos por qué pero reivindicamos que se proceda a hacer el desarrollo reglamentario de esta cuestión de la FP dual», anticipa Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC.OO. Apunta que «el número de contratos formativos no difiere de los que había previamente a la reforma y hay que abordar ese déficit» en una comisión que debe aclarar las sombras que aún tiene el trabajo en España.