Von der Leyen apuesta por salvar a Sánchez pese a las dudas en el reparto de las ayudas europeas

La decisión del Ejecutivo comunitario contiene un mensaje que no pueden ignorar los eurodiputados que llegan a Madrid hoy y es que el equipo de Ursula von der Leyen considera que lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno español es lo correcto, a pesar de las suspicacias que puedan aparecer, lo que contradice el planteamiento original de la creación de este instrumento financiero que se basaba precisamente en la condicionalidad directa de los fondos.

En efecto, fuentes de la Comisión insisten en que no han detectado ninguna irregularidad en la administración de esta histórica inyección de dinero, a pesar de que hay numerosos objetivos que aparecen en los compromisos que no se han concretado.

«Sí, España es un ejemplo en la buena gestión del plan de recuperación» sostuvo esta misma semana uno de los altos funcionarios más directamente implicados en el control de las entregas de dinero a España y que ascienden ya a 37.000 millones de euros.

Cuando se les preguntaba si es coherente decir que el Gobierno ha cumplido sus objetivos por haber aprobado una reforma en la legislación laboral que no tiene un coste financiero, sin controlar siquiera si ha servido para algo puesto que casi dos años después de aprobada España sigue liderando las estadísticas de desempleo en Europa, superada hasta por Grecia, en la Comisión insisten en que «todavía es muy pronto para evaluarlo».

Hay teorías según las cuales Pedro Sánchez aparece como una pieza fundamental en la estrategia de Von der Leyen para su reelección, puesto que necesita el apoyo de los gobiernos socialdemócratas para ello. Es difícilmente imaginable que la alemana pudiera lograr una mayoría sin el apoyo de Sánchez, que se ha erigido como uno de los líderes más importantes de la familia socialista europea, y que además va a ejercer la presidencia de turno en el último semestre de este año. Tampoco le interesa a la presidenta de la Comisión que el gobierno que debe gestionar la agenda europea esos seis meses se debilite hasta el punto de bloquearla. En cambio, si Sánchez perdiese las elecciones, ella parece presuponer que no tendría problemas para obtener el apoyo de Feijóo como miembro del Partido Popular Europeo (PPE).

Eso explicaría las razones por las que nada menos que un vicepresidente económico de la Comisión Europea se ha atrevido a llamar en persona a algunos eurodiputados españoles del grupo popular para abroncarles su actitud crítica con la gestión de los fondos europeos en el caso de la misión parlamentaria que visita Madrid, un gesto que una de las personas que ha recibido esas llamadas considera como «inédito e irritante» porque «la Comisión debería ser la primera interesada en saber si se está haciendo buen uso de los fondos».

La Comisión insiste en recordar que el plan de recuperación español cumple con los criterios que se habían establecido al crearse este instrumento. El Gobierno debía presentar un plan con acciones, principalmente reformas destinadas a favorecer la transición energética y la modernización de la economía, y cumplirlas era la única condición establecida para recibir el dinero.

En cuanto a la falta de visibilidad de las inversiones, según la Comisión «se explica porque están previstas para los próximos años». Y no importa que España siga siendo el único país de la UE que no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia –y no lo hará hasta el último semestre de este año– a pesar de ser el que más tramos de ayudas ha recibido.

El Parlamento Europeo apoyó precisamente a la Comisión frente al Consejo cuando impuso esa condicionalidad a la hora de aceptar la creación de este nuevo instrumento financiero. Pero la Comisión insiste en que solo le corresponde comprobar si España ha cumplido con lo que prometió, antes de entregar el dinero, que es un sistema diferente al de los fondos estructurales. Para la eurodiputada popular Isabel Benjumea, «eso no es exactamente así. En el momento en el que se se aprueba un reglamento que dice que el control del uso de los fondos se traslada a los estados miembros, se les ha trasladado la capacidad amplísima de gestión de los fondos y es la Comisión la que tendría que auditar».

La Comisión envía también a algunos de sus hombres en la misión parlamentaria, pero solamente con el rol de observadores; teóricamente no tienen que intervenir. Uno de ellos es el director general adjunto, Declan Costello, al que no se le terminan las palabras para elogiar el desempeño del Gobierno de Pedro Sánchez. Este irlandés, que habla perfectamente español, se hizo conocido en Bruselas sobre todo por su papel en la crisis griega, y ahora es el principal apoyo en la Comisión de la vicepresidenta Nadia Calviño.

Sin embargo, en la misión también hay representantes del Tribunal de Cuentas europeo, igualmente como observadores, un organismo que no oculta su preocupación por saber cómo han de fiscalizarse esos fondos entregados a España y cuyo uso no ha sido aclarado.

Pero la razón que probablemente explique mejor la actitud de Von der Leyen es que, en efecto, si la misión parlamentaria que viene hoy a Madrid concluye que hay irregularidades en el uso de esos fondos, será legalmente muy complicado que se pueda aprobar la descarga del presupuesto europeo de 2021, lo que sería equivalente a una moción de censura contra el Ejecutivo comunitario y abriría una crisis política en Bruselas de una dimensión desconocida.