El vínculo pendiente para el despegue definitivo de la FP

«Desde FPEmpresa (añade) entendemos la necesidad de un mayor apoyo a las empresas para una implementación más eficiente, por ejemplo, con descuentos en la Seguridad Social, bonificaciones en concursos públicos, subvenciones que contribuyan en este periodo transitorio… más aún en empresas que no vean del todo claro el modelo».

En este entorno, y como parte del debate político-social, el asunto suscita opiniones encontradas entre poderes públicos. Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid señalan que «hay que conseguir que las empresas sigan colaborando pese al desincentivo que puede suponerles las medidas del Gobierno central, que obligan a cotizar a los alumnos por formarse y establecen esas prácticas desde el primer curso». Desde el gobierno aseguran, por su parte, que «toda esta estrategia de transformación y modernización ha sido trabajada y consensuada desde el inicio de la misma, tanto con las CC.AA., con la comunidad educativa, el sector empresarial, los interlocutores sociales y, en definitiva, con todos los agentes implicados».

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Sobre el terreno, y desde el ámbito académico, la Comunidad de Madrid destaca la relevancia «del nuevo récord en el número de matriculaciones en el curso 2024/25, con 178.901 alumnos, cifra que duplica de largo los cerca de 83.000 jóvenes matriculados hace diez años. En la Comunidad de Madrid se pueden estudiar 156 titulaciones (19 de Grado Básico, 41 de Grado Medio y 86 de Grado Superior) pertenecientes a 22 de las 26 familias profesionales existentes, además de 9 cursos de especialización en materias tan demandadas como realidad virtual, fabricación inteligente o cultivos celulares». En lo referente a empleabilidad, si el 70,7% de los titulados en los distintos grados encuentran trabajo dentro del primer año tras terminar sus estudios, la cifra asciende al 90% entre los que realizan la FP Dual o intensiva.

«La Comunidad de Madrid (añaden) acompaña y asesora a los equipos directivos de los 289 centros sostenidos con fondos públicos en la región, encargados de gestionar estas prácticas, para que puedan cumplir con la nueva normativa». La Consejería de Educación ha firmado, además, un convenio con el Sermas para facilitar las prácticas en especialidades de la rama sanitaria «y trabajamos para cerrar acuerdos con instituciones de otros ámbitos. aún no cuentan con los conocimientos suficientes para aprovecharlas».

En el caso del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, incide en la importancia de la colaboración público-privada como una de las claves para abordar la transformación y modernización del sistema de impulsado por el Ministerio de Educación en los últimos años: «Colaboramos, en el marco de la Alianza por la Formación Profesional, con empresas punteras de los distintos sectores productivos para consolidar este modelo, este gran proyecto de país, compartido por todos los actores implicados».

El ministerio puso en marcha en 2021 el MEFPD, la Alianza por la Formación Profesional, marco de trabajo con más de 300 empresas para consolidar el nuevo modelo en varias líneas de trabajo: identificación de nuevas necesidades formativas en el mercado laboral, nuevos perfiles y cualificaciones profesionales, diseño de la formación, acreditación de competencias o implementación de la FP Dual. Y se han creado varios hubs, como el tecnológico.

588 certificados profesionales, 191 ciclos formativos (34 de grado básico, 65 de grado medio, 92 de grado superior), y 29 cursos de especialización… todo un surtido de conocimientos teóricos y prácticos para una mayor y mejor empleabilidad, con el reto empresarial de conjugar su demanda de perfiles laborales con su ampliada responsabilidad de formación práctica. Desde CEOE, resaltan algunos retos de esta nueva etapa «en la que todos los alumnos deberán pasar por empresas con mayor o menor intensidad, si bien, cada CC.AA. está aplicando modelos distintos». Por ejemplo: «Resulta necesario que se establezcan incentivos (como los de muchos países europeos que cuentan con mecanismos de subvención parcial o total de los salarios de los aprendices), como subvenciones directas, exenciones fiscales, bonificaciones en las cotizaciones sociales o SMI específico para aprendices».

Añaden cómo «medidas como el posible 'Estatuto del Becario' o la cotización de las prácticas no remuneradas no contribuyen a que las empresas acojan a los aprendices» y cómo «se deben superar los diferentes conflictos de competencias (entre Empleo y Educación, entre AGE y CCAA, entre las CCAA entre sí…) y coordinar los 17 modelos distintos de FP». Se reconoce, eso sí, «el importante esfuerzo económico (la nueva LOFP lleva asignada 6.600 millones de euros, entre los que se encuentran fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia)».

Mientras se comprueba la eficiencia del modelo, los centros especializados siguen su camino, como destaca Roi Álvarez, director del centro de FP Guzmán el Bueno, en Madrid: «En nuestro centro, adelantándonos a esta nueva ley, llevamos muchos cursos atrás colaborando con bastantes empresas del sector para establecer un sistema de selección de centro por parte del alumno y viceversa óptimo, así como un 'plan de prácticas', asimilado al 'plan de carrera' de las empresas para garantizar el aprovechamiento total de las mismas, así como su finalización en un contrato de trabajo». Cuentan con un 'observatorio laboral' para mostrar la realidad del sector al alumnado.

Álvarez destaca, además, iniciativas como la emprendida por un nuevo centro «que abrirá en Córdoba el curso 2025-2026, la primera ciudad universitaria de FP de España y el campus más grande de Europa, el Campus de FP y Empleo, Campus Córdoba, donde las mismas empresas desarrollarán sus propias FP». Grupo Peña, Silbon, o el chef con tres estrellas Michelín Paco Morales ya están involucrados en este proyecto.

Desde Universae señalan cómo mantienen «alianzas estratégicas con organizaciones internacionales, fundaciones, instituciones gubernamentales y empresas, facilitando más de 15.000 oportunidades laborales. Colaboramos con más de 20.000 compañías en distintos países, entre ellas Mapfre y Meliá, con las que hemos firmado recientes acuerdos. Estas empresas no sólo acogen a los alumnos en prácticas, sino que también contribuyen activamente al desarrollo de nuestra oferta académica». Mentorías, eventos y módulos específicos propician la interactuación con los estudiantes a lo largo de toda su formación e incluso tras su finalización.

Otro ejemplo es el de iLerna, que colabora con más de 6.000 empresas para asegurar que sus alumnos realicen prácticas en entornos laborales reales. «Gracias a estos acuerdos, durante el curso 2024-2025 se han gestionado alrededor de 9.000 convenios de prácticas. Este vínculo constante con el mundo empresarial permite conocer de primera mano las necesidades del mercado laboral, lo que ayuda a ajustar la oferta educativa a la demanda de profesionales cualificados».

Un desempeño ante el que la institución subraya la importancia de la colaboración entre el sector público y privado: «Las administraciones necesitan contar con profesionales bien formados para cubrir vacantes en sectores como el sanitario o el educativo, áreas en las que los centros públicos no siempre pueden cubrir toda la demanda por sí solos».