El viejo papeleo pone en riesgo la oportunidad de la nueva energía

Y, salvo sorpresa de última hora, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha reiterado en sucesivas ocasiones estos días que no se va a ampliar otra vez el plazo. Es más, cree que el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica), que ella dirige, y «la inmensa mayoría de las comunidades autónomas» están «en condiciones de poder cumplir con todos los expedientes que vencen el 25 de enero». Eso sí ha reconocido la necesidad de «dimensionar los equipos de las administraciones a la altura de lo que representa la inversión en un sector enormemente importante e interesante porque está viviendo un momento dorado».

Pero aún con estos mensajes, la industria vive una profunda incertidumbre. Si las administraciones no llegan a tiempo, los promotores de los parques perderían uno de sus activos más preciados: el permiso de conexión a la red. Y tendrían que partir de cero con la tramitación de nuevas plantas. «Los proyectos que se aprueben ahora estarán construidos y operativos en dos años. Pero si se pierde el acceso, y se tiene que empezar de nuevo todo el proceso, los parques tardarán, como pronto, otros siete años en entrar en funcionamiento», afirma Juan Virgilio, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

También está en juego los avales que presentaron para demostrar su firme compromiso en la realización de estas nuevas infraestructuras. Nada menos que 40 euros por kW, es decir 40.000 euros por MW. Por hacerse una idea: por un modesto parque de 50 MW la empresa deposita la friolera de dos millones de euros, solo como garantía de que va a desarrollar la instalación renovable. Si la situación no se desatasca finalmente y no hay respuesta, a partir del día 25 los poderes públicos responsables podrían enfrentarse a un aluvión de reclamaciones judiciales de los promotores solicitando recuperar sus puntos de acceso y los avales depositados, porque entienden que la responsabilidad recae en las administraciones ya que no han resuelto en el plazo marcado por la legislación.

Aunque el daño puede resultar más profundo: España perdería una oportunidad histórica para liderar las renovables en Europa. «Asegurar un ritmo de renovables intenso es importante, porque van a ser nuestro petróleo durante las dos próximas décadas», valora Luis Atienza, presidente de la consultora Argo Capital Partners y ex presidente de Red Eléctrica (hoy Redeia). «El hecho —continúa— de que tengamos un recurso eólico y solar mayor que los demás, que dispongamos de más territorio y más capacidad para desarrollarlo de forma ordenada y controlando su impacto es una ventaja competitiva que nunca hemos tenido. Pasaríamos de ser un país dependiente de combustibles fósiles a un país con una ventaja competitiva en renovables en Europa».

Eso se está poniendo en riesgo con el atascón burocrático. Los proyectos que ahora están en liza, esperando respuesta hasta el 25 de enero, son aquellos que consiguieron sus permisos de acceso a la red entre el uno de junio de 2018 y el 25 de junio de 2020, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto 23/2020. Este marca una serie de hitos y plazos que deben cumplir las plantas renovables. Entre ellos, contar con una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable en 22 meses, que luego se amplió a 31. El plazo cumple ahora, el 25 de enero.

Pero el colapso burocrático no se acaba aquí, como explica Juan Virgilio. «Cada mes, en los próximos meses, —dice— habrá otros proyectos que caduquen sin una respuesta de la administración. Los que obtuvieron sus permisos de acceso en julio de 2020 caducan el próximo febrero, los que lo hicieron en agosto de 2020 será en marzo de este año... Y así sucesivamente. Esto va a ser cada vez más una lucha por salvar proyectos».

El marasmo que sufren las administraciones para avanzar en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) ha sido una rémora que durante todo el pasado año venían advirtiendo patronales, empresas y consultoras. De hecho, el sector ha pedido en más de una ocasión una prórroga de seis meses para dar la salida a este atasco, un beneplácito que la ministra Teresa Ribera se ha negado a apoyar hasta el cierre de esta edición.

Existen previsiones de lo que se podría quedar fuera por el atasco administrativo. Según Red Eléctrica (ahora Redeia), a 31 de diciembre de 2022, 143.000 MW no tenían servicio pero sí contaban con permiso de acceso. De ellos, y con datos de la AEE y de UNEF (Unión Española Fotovoltaica), unos 80.000 MW de proyectos (62.000 solares y 18.000 de los colosos del viento) estaban pendientes de que las comunidades autónomas o el Ministerio de Transición Ecológica den un veredicto favorable (o no) a su estudio de impacto ambiental. Un informe de la consultora Deloitte, dado a conocer el pasado octubre, ofrecía un panorama similar y advertía de que «si no se toman medidas en el corto plazo podría ponerse en riesgo la pérdida de hasta 100 GW de renovables actualmente en tramitación».

Esas cifras han variado en las últimas semanas por el arreón que las administraciones han dado en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental, de tal forma que no se conoce el porcentaje de parques aprobados o no. «En el caso de los eólicos, solo el pasado diciembre se resolvieron declaraciones de impacto ambiental (negativas y positivas) por 2 GW, cuando en todo 2021 se tramitaron 1,5 GW. Ahora sigue habiendo 16 MW de eólica en riesgo», indica Virgilio.

Según la patronal, en el caso de la energía eólica se necesitan aprobar declaraciones de impacto ambiental a un ritmo de 3 GW cada año, si se quiere alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec): llegar a 50,3 GW en 2030 (hoy día hay instalados 28,1 GW).

«La primera mitad de 2022 ha sido inactiva, ni comunidades autónomas ni el Miteco parecía que tenían prisa. A partir de septiembre hemos visto mucho más movimiento, pero nos preocupa que no lleguen a tiempo para hacer los deberes, y bien hechos», se quejan fuentes del sector. Otros portavoces de la industria renovable son más pesimistas, pues estiman que si bien «la velocidad en la tramitación es más intensa, todavía resulta insuficiente para dar respuesta a todos los proyectos. No se va a conseguir tramitar todos los que hay». Por tanto, «es evidente que un porcentaje de ellos se va a judicializar», cree Juan Virgilio. «Las administraciones tendrán un aluvión de recursos judiciales, lo que no beneficia a nadie», sostienen fuentes del sector.

A estas alturas, por lo menos, la industria pide que se salven aquellos parques que son factibles. «Algunas comunidades han dado un acelerón. Se están dando respuestas pero evidentemente el atasco es tan grande que lo más probable es que habrá proyectos que se queden por el camino. Por eso, las administraciones deben dar un impulso mayor en los próximos días y centrarse en resolver los parques que son viables y maduros», opina José María González Moya, director general de APPA Renovables.

Cierto es que el aluvión de solicitudes para resolver declaraciones de impacto ambiental que ahora deben tener respuesta es histórico. «En el momento que entró en vigor el Real Decreto 23/2020 estableciendo unos hitos con unos plazos que cumplir, todos los proyectos con acceso concedido se pusieron a tramitar a la vez. Había además un efecto llamada porque el Pniec marca como objetivo lograr 60 GW de renovables en 2030», explica Virgilio. «El propio establecimiento de unos hitos con unos plazos aceleró mucho la tramitación, ya que los promotores no querían perder sus permisos de acceso», añade Luis Atienza. Además, la energía fotovoltaica se veía como una «inversión muy atractiva gracias a su competitividad», cuenta José Donoso, director general de UNEF.

Aquella avalancha cogió con la guardia baja tanto a las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado. «Se les indigestó», comenta Atienza. «No estaban preparadas —continúa—, pero además tienen una gran dificultad para prepararse. La tramitación formal tiene que ser muy cuidadosa porque muchos de estos proyectos se judicializan por cualquiera que no se sienta escuchado en el proceso, o se sienta perjudicado. Y los funcionarios tienen que firmar y responsabilizarse de las resoluciones. No lo puede hacer una contratación externa. Tampoco era fácil para la administración dotarse de esa función pública», prosigue Atienza. «La administración es muy rígida a la hora de dotarse de recursos humanos adecuados para dar respuesta a estos proyectos, que necesitan análisis, exámenes, alegaciones...», considera José Donoso. Fuentes del sector apuntan que «la tramitación se ha retrasado por la escasez de medios y de procesos digitales».

Y es que dar respuesta favorable, o no, a una declaración de impacto ambiental no es un sencillo trámite burocrático. «Es el hito más importante y difícil de obtener», considera Donoso. La empresa es la que realiza el estudio de impacto ambiental de su parque. «Durante un año estudia los efectos ambientales que genera la planta en el entorno. Son informes de hasta 2.000 páginas. Se analiza avifauna, patrimonio histórico, efecto paisajístico, efecto lumínico de noche... El estudio de impacto ambiental de un parque eólico es más complejo que el de cualquier instalación industrial», sostiene Juan Virgilio.

Ese informe se presenta a las comunidades autónomas (si el parque tiene una capacidad por debajo de 50 MW) o al Ministerio de Transición Ecológica (si está por encima de 50 MW). Y aquí empieza un arduo peregrinar. «La tramitación es muy garantista», afirma Atienza. «Es un proceso lento en el que intervienen muchos actores que deben evaluar (desde confederaciones hidrográficas, direcciones de carreteras, patrimonio histórico...), con competencias diferentes y sin una capacidad de gestión y dirección única. Además, no hay criterios homogéneos entre comunidades. Algunas tardan más de dos años en la tramitación y otras ni siquiera uno», se queja Juan Virgilio.

En ese peregrinaje pueden ocurrir muchos sucesos: un órgano se puede retrasar, o no emitir su evaluación, o introducir modificaciones en el proyecto... Por eso, a veces se para la tramitación. «En el proceso de desarrollo de un parque eólico es habitual cambios: mover de lugar aerogeneradores, o sacrificar algunos, o reducir el tamaño del parque... Estas modificaciones se subsanan y el proyecto sigue adelante», explica Virgilio. El temor de la industria es que ahora por las prisas, se denieguen declaraciones de impacto ambiental que podrían resultar positivas «porque no hay tiempo para analizar el proyecto con más detalle y pedirle al promotor algún cambio en la planta», dice Virgilio. Un marasmo administrativo en el que se diluye el impuso de la supuesta gran apuesta energética de futuro.