El veto de Barcelona a Israel amenaza a un emblema de la industria catalana

El fabricante de trenes francés Alstom ha impugnado un concurso de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) para la construcción de 39 convoyes por más de 300 millones de euros para el suburbano de la ciudad, del que quedó excluido por sus supuestos vínculos con Israel y la ocupación de Gaza, acusación que han desmentido desde la multinacional francesa. La planta de Alstom de Barcelona es una de las principales aspirantes a hacerse con este contrato, anunciado a bombo y platillo por el presidente Salvador Illa (PSC), y con el que el Metro de la capital catalana aspira a renovar su flota.

«Alstom no tiene ninguna actividad dentro ni relacionada con los territorios palestinos ocupados», asegura la compañía en un comunicado, donde también piden que se les retire de la lista redactada por la ONU sobre las empresas con presuntas relaciones con el conflicto. El fabricante ferroviario francés señala que llevan solicitando formalmente ser eliminados de esta base de datos desde diciembre de 2023, y han reiterado dicha solicitud tanto en octubre del año pasado como este mismo julio.

El origen de la polémica surge de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de romper formalmente relaciones con Israel, paso adoptado en junio con el apoyo de PSC, ERC y los Comunes y que, más allá del aspecto simbólico y declarativo, se extiende también al ámbito contractual. Quedan vetadas en los concursos municipales aquellas compañías que supuestamente tengan relación o se lucren con la campaña de Israel en Palestina. Barcelona tomó como referencia las 97 firmas incluidas en el listado elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) de empresas con presencia en asentamientos israelíes.

La compañía subraya que es una organización global firmemente comprometida con los principios de los derechos humanos y la responsabilidad social corporativa: «Mantenemos rigurosos estándares éticos en todas nuestras operaciones y en todas las regiones donde tenemos presencia». «Tanto en Cataluña como en cualquiera de los territorios y países donde está presente Alstom, el respeto a los derechos humanos, el compromiso ético y el cumplimiento de las legislaciones internacionales y nacionales es una máxima la compañía», apuntaron desde la compañía en el comunicado. Alstom participó a través de una filial, de la que se desvinculó, en varios proyectos en Israel, pero niega tener presencia en asentamientos, motivo por el que pide salir del listado de la ONU.

La decisión del Ayuntamiento de Barcelona, que ayer tuvo otra derivada con el veto al viaje a Israel del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, cobra trascendencia en cuanto afecta de lleno uno de sus grandes símbolos industriales.

Respecto al veto a Alstom en el concurso de TMB también se pronunció la Comunidad Judía de Barcelona (CIB.CAT), que la ve «discriminatoria y carente de base legal sólida». «Transmite una imagen de hostilidad hacia empresas con arraigo en Barcelona y Cataluña», apunta la comunidad, que considera que se trata de un «boicot encubierto contra Israel».

«Esta cláusula (en alusión al concurso de TMB) puede ser declarada nula por los tribunales, puesto que vulnera la normativa europea de contratación, que prohíbe excluir empresas por motivos políticos ajenos al objeto del contrato. El resultado probable es un retraso en la renovación de los trenes, costes adicionales y posibles indemnizaciones que acabarán asumiendo los ciudadanos», añade la CIB.CAT

«Barcelona y Cataluña se definen como sociedades abiertas, plurales e inclusivas. Aun así, medidas como esta trasladan conflictos internacionales a nuestro espacio de convivencia, alimentan prejuicios y dan cobertura a campañas de deslegitimación contra Israel y el pueblo judío, que se han intensificado especialmente después de los ataques terroristas del 7 de octubre», apunta la Comunidad Judía de Barcelona, que insta los responsables políticos e institucionales a «retirar inmediatamente esta cláusula discriminatoria, tanto del concurso de TMB como de cualquier otra contratación pública».