El FMI urge al Gobierno a iniciar el ajuste fiscal ya en 2023 para no perder la confianza de los inversores

Los funcionarios del FMI incluso perfilan la magnitud del ajuste que debería abordar el Gobierno. Sostienen que este próximo año podría ser de entre un cuarto y medio punto del PIB, es decir, de entre 3.000 y 6.000 millones de euros para enviar una señal clara del compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal, y que a partir de 2024, ya sin tanta presión de medidas para compensar la subida de los precios energéticos, ese ajuste debería elevarse hasta los 0,6 puntos de PIB para alcanzar el objetivo de tener una posición fiscal equilibrada ya a la altura de 2030.

La recomendación de ajuste fiscal del FMI coincide a grandes rasgos con las cifras presentadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para reorientar las cuentas públicas españolas hacia una senda de sostenibilidad.

El Fondo considera que el ajuste fiscal en España no puede esperar más. Entiende que la respuesta del Gobierno a la pandemia, "eficaz pero a la vez costosa", según el análisis del organismo, ha elevado la tensión sobre las cuentas públicas, que la subida de los tipos de interés va a estrechar el colchón fiscal disponible para la adopción de medidas discrecionales por parte del Gobierno y que la actual aportación de ingresos fiscales puede ser al menos en parte transitoria y podría reducirse en los próximos meses.

"Las finanzas públicas continuaron mejorando en 2022, pero la deuda pública sigue siendo elevada y se necesitaría un esfuerzo sostenido de consolidación para reconstruir el colchón fiscal", concluye el informe del Fondo.

El FMI considera además que el Gobierno dispone de margen para replegar una parte importante de las medidas que se han puesto en marcha en los últimos meses para amortiguar el impacto de la inflación y la subida de los precios de la energía sobre los ciudadanos y las empresas. Según su valoración hay un grupo de medidas, como la ampliación de los bonos sociales eléctrico y térmico, la elevación de ingreso mínimo vital y la ayuda sectorial a las empresas que están bien dirigidas y benefician a los más vulnerables con un coste fiscal relativamente bajo.

Pero los funcionarios del organismo recalcan que hay también otro conjunto de medidas, que suponen además la parte del león del coste del paquete gubernamental, que se ha destinado a medidas no focalizadas y que distorsionan las señales de los precios, como las rebajas fiscales a la electricidad y la bonificación de 20 céntimos a los carburantes. "Estas últimas han sido costosas desde el punto de vista fiscal y han beneficiado de forma desproporcionada a los hogares de mayores ingresos", cuestiona el Fondo. Recuerda, además, que el llamado mecanismo ibérico reduce los precios de la electricidad, pero a diferencia de otras medidas que inciden en los precios, "este mecanismo no acarrea un coste fiscal".