UGT advierte en Europa de que el Gobierno carece de apoyos seguros en el Congreso para elevar el control de las horas extra

Del contundente escrito de alegaciones presentado por la organización dirigida por Pepe Álvarez, al que ha accedido ABC, que da respuesta a la defensa previa realizada por el Gobierno ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) de Estrasburgo en virtud a la denuncia elevada por el sindicato ante este órgano a principios de año por la deficiencia normativa que empantana el control y abono de horas extra en España, se extraen entre las reprimendas expuestas un importante aviso que eleva de cara a la eventual aceptación, o negativa, a las justificaciones presentadas por el Ministerio de la Presidencia ante la instancia que vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea suscrita en su totalidad por nuestro país.

UGT avisa al Comité de que uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para evitar un dictamen negativo -como ya ocurrió con el de la normativa entorno al despido improcedente-, el hecho de que en el ámbito de la negociación para la reducción de jornada se están impulsando medidas de registro horario que derivarán el la próxima desaparición de horas extraordinarias impagadas y la intención sacar adelante un proyecto de Ley en tramitación, por el que se modifica el ET, para la transposición de la Directiva 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de junio, sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles en la Unión Europea carecen de validez entre otras cuestiones porque a día de hoy el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos necesarios en el Congreso para la aprobación de estas medidas, tal y como señalan está ocurriendo con el freno a los Presupuestos Generales del Estado.

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Por lo que el sindicato alega que esta premisa es inválida para aceptar la contestación del Gobierno ya que su debilidad parlamentaria no garantiza el cumplimiento de su hoja de ruta de reformas prevista en el acuerdo de coalición ni de la Directiva que vela por que todo trabajador tenga «derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad, a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas».

«Conviene recordar que España lleva más dedos años en incumplimiento de esta Directiva (el plazo para transponer la Directiva venció el 1 de agosto de 2022 -art. 22, Disposición transitoria-)», advierte el sindicato apelando a que una decisión futura legislativa que no llega es insuficiente cuando «el Gobierno reconoce claramente que está en incumplimiento».

En este punto, argumenta UGT ante el Comité que incluso si España llegara a cumplir con la obligación en algún momento (de transponer la Directiva), no se resolverían todos los problemas de inefectividad, por la debilidad de los instrumentos de seguimiento y «la deficiente regulación del registro». Y advierte de que la decisión legislativa «depende de la aprobación final de las Cortes españolas, en las que los partidos que conforman el Gobierno de coalición no disponen de mayoríapara aprobar sus proyectos de ley», subrayando que «es notorio que las Cortés están vetando múltiples proyectos presentados por el Gobierno» como ha ocurrido recientemente con el techo de gasto, el primer paso para la aprobación de los Presupuestos General para el año 2025.

Además, la organización sindical expone igualmente cautelas a los argumentos esgrimidos por el Gobierno sobre la mejora de la situación de las horas extra en España que provendrían de las medidas de registro sumadas a la reducción de jornada. UGT recuerda que la reforma que en este momento se diseña sobre el tiempo de trabajo, «a la que tanto apela el escrito del Gobierno», no afecta solo a la reducción de la jornada de trabajo, sino que pretende producir también una reforma profunda del registro de jornada con la que se introducirían cambios más estrictos del registro, a fin de eliminar el registro en papel y pasarlo todo a formato digital, con sistemas mucho mejor conectados directamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para dar más transparencia y efectividad al cumplimiento.

De entrada considera el sindicato que consecuentemente, si resulta que el propio Gobierno está insatisfecho con la actual regulación y considera muy necesario reformarla, «resulta evidente que la normativa actual y su control efectivo no son suficientes para la efectividad de los derechos sociales en juego ni tampoco disuasorios del incumplimiento».

A lo que se suma, que pese a que en el futuro pueda haber mejoras con la reforma de la reducción de jornada, «para lo que este sindicato viene trabajando intensamente en el marco del diálogo social, en modo alguno puede justificar que se mantenga el incumplimiento actual, sin tener garantía plena de cuándo y cómo se reformará finalmente». Y señala que «debe recordarse que esta reforma iba a estar cerrada en mayo del año 2024 y en este momento aún está pendiente en su formulación, con retrasos continuados».

En este punto, UGT denuncia a partir de la cifras aportadas en la contestación del Gobierno una situación flagrante de incumplimiento del debido control y mejora retributiva a la que conmina la Carta Social suscrita por España. Según la información aportada por el propio Gobierno solo el 60,68% de los convenios colectivos (4 de cada 10 convenios colectivos) no contemplan ese plus para la jornada extraordinaria, lo que significa que casi el 40% de ellos quedan fuera de esa garantía convencional de recargo de horas extras.

Recuerdan que si bien es cierto que el ámbito personal difiere mucho según se trate de un convenio de sector o de empresa, lo cierto es que, según los datos oficiales, en España hay vivos hoy más de 4.000 convenios colectivos, que afectan a más de 14 millones de personas empleadas -en torno al 90% de la población ocupada-. Asimismo, de nuevo, aun aceptando los datos facilitados por el Gobierno, ese 60% de convenios colectivos solo regulan las relaciones laborales del 55% de la clase trabajadora.

En otras palabras, «el Gobierno reconoce que el 45% de los trabajadores en España no tienen una regulación ni legal ni convencional que exija un recargo en la retribución de las horas extraordinarias superior al de las horas ordinarias». «Ello, obviamente contraviene los compromisos internacionales suscritos por el Reino de España», concluye el sindicato.