La UE pone en jaque la ofensiva legal de Consumo contra las aerolíneas por el cobro de la maleta de mano

Si la posición adoptada en Luxemburgo por los 27 ministros de Transportes de la UE (salvo España, Alemania, Portugal y Eslovenia) es aceptada por el Parlamento Europeo, la causa que tiene abierta Consumo en la Audiencia Nacional contra cinco compañías de bajo coste (Ryanair, Easyjet, Vueling, Volotea y Norwegian) estaría condenada a caer en saco roto, al menos en lo referente a la prohibición del cobro de la maleta de cabina, que la nueva normativa fijaría con las medidas 40x30x15, que son básicamente las que las 'low cost' permiten subir a bordo en este momento de manera gratuita.

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Entre las aerolíneas señaladas por Consumo existe ahora máximo optimismo con la contienda. De salir adelante la nueva normativa esta podría resultar clave para que la Audiencia Nacional incline la balanza hacia las compañías aéreas y emita cautelares favorables, por las que podrían continuar con sus actuales políticas comerciales y no tener que hacer frente momentáneamente a la multa de 179 millones de euros que arrastra la demanda.

Además, el sector espera desde hace muchos años la llegada de una normativa común para acabar con las interpretaciones dispares en los tribunales cuando un consumidor denuncia alguna de las prácticas puestas en cuestión por Consumo. Solo en el caso de la maleta de mano existen varias sentencias que dan la razón al pasajero pero otras muchas que favorecen a las aerolíneas, más de 40 según la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Precisamente desde ALA señalaban ayer que la reforma del reglamento europeo terminaría «con las distintas interpretaciones que vienen haciendo los órganos jurisdiccionales en España al respecto, con lo que se reducirá la litigiosidad». «Se establece una única normativa a nivel europeo, de la que ningún Estado podrá descolgarse, y que despejará las dudas de los consumidores sobre la política de equipaje en cabina frente a la incertidumbre actual por los distintos criterios interpretativos», señalaron en un comunicado.

En cambio, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, no lo ve así y considera que el Consejo «se ha plegado a los intereses del lobby de las aerolíneas, que tiene mucha fuerza», como dijo ayer ante los medios de comunicación. «En España han intentado amedrentarnos e intimidarnos para que no sancionáramos prácticas ilegales y abusivas y ahora, el mero hecho de que estén intentando legalizarlo ahora en el Consejo, es la mejor demostración de que cobrar por el equipaje de mano o por la selección de asientos contiguos para poder viajar al lado de personas dependientes o de niños y niñas no es una práctica legal», señaló el madrileño.

En cualquier caso, Bustinduy dice confiar que el Parlamento Europeo exista «una mayoría suficiente de europarlamentarios que quieran defender los derechos y el interés de las personas consumidoras en lugar del interés de las grandes multinacionales».

Es mucho el peso el que recae sobre el Parlamento Europeo porque la propuesta aprobada por el Consejo supone prácticamente una revolución para los derechos de los pasajeros, tal como los conocemos hoy. Además de reforzar las prácticas comerciales de las aerolíneas de bajo coste, también pretende aumentar el umbral de horas de retraso necesario para indemnizar a los viajeros, que ahora mismo se fija en tres horas y cuya cifra varía en función de los kilómetros a destino desde los 250 hasta los 600 euros. De salir adelante la reforma acordada el jueves, se indemnizará con 300 euros los retrasos de más de 4 horas en viajes de menos de 3.500 kilómetros y dentro de la UE; y con 500 euros en los vuelos de más de 3.500 kilómetros cuando se hayan sobrepasado las seis horas.

No solo eso. Con el cambio, también se fijarían las excepcionalidades concretas por las que las aerolíneas pueden evitar indemnizar a los pasajeros en caso de retraso grave o de cancelación. Por ejemplo, el texto introduce salvedades como la enfermedad del piloto en casos concretos o huelgas del personal cuando no sean contra la propia aerolínea (contra autoridades públicas, por ejemplo).