El Tribunal de Cuentas sobre los ERTE: «Se emitieron resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas»

El órgano fiscalizador reconoce que las medidas excepcionales evitaron la destrucción de puestos de trabajo, «al menos en el periodo donde los beneficios en materia exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social se encontraban vinculados al mantenimiento de dicho empleo«, aunque puntualiza que sus efectos se diluyen de forma significativa una vez finalizada dicha vinculación«. Reconocen sus técnicos que el COVID irrumpió de forma inesperada provocando un gran colapso de los organismos públicos que tuvieron que gestionar las prestaciones, teniendo en cuenta que se pasó de tramitar 96 anuales a 5.000 expedientes en una semana, si bien también sacan a relucir la falta de medios y la merma de las plantillas en la Administración.

El Tribunal que dirige Enriqueta Chicano justifica sus labores de control en el alcance económico que tuvieron los ERTE que se pusieron en marcha entre marzo de 2020 y marzo de 2022. Fueron más de 558.000 empresas las que se acogieron a estas figuras, que beneficiaron a 4,15 millones de trabajadores con un gasto de 26.236 millones para el erario público, de los que 18.272 millones fueron en prestaciones por desempleo y casi 8.000 millones en exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas.

Aunque el Tribunal asegura que el impacto inicial «fue notable» sí avisa de importantes deficiencias en el procedimiento de gestión. Así, se asegura que «falta de automatización del procedimiento han originado una insuficiente trazabilidad de la gestión de los expedientes en la Dirección General de Trabajo», además de una «falta de coordinación entre las diferentes autoridades laborales». En aquel momento esa falta de automatización del proceso hizo que los expedientes tuvieran que gestionarse a mano por los funcionarios.

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Para el organismo, «la concesión de las medidas extraordinarias se hizo, al inicio de la pandemia, con carácter general, por parte de las entidades responsables de su gestión sin poder verificar, por falta de información, si la autoridad laboral correspondiente había constatado la existencia de fuerza mayor«. Asegura que »las actuaciones de control implantadas por la Tesorería General de la Seguridad Social le han permitido verificar la existencia de diferentes tipologías de indicios de incumplimiento relacionados con la exoneración de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social« que podrían, según sus datos, afectar a 278.757 empresas y a 1.769.253 trabajadores, lo que han comunicado a la Inspección de Trabajo. Sobre esta explica que el alcance de las actuaciones verificadoras han sido reducidas, dado los medios «insuficientes» con los que cuenta.

El tribunal se detiene en la gestión que hizo el SEPE de las prestaciones. Asegura que con el fin de priorizar la protección social de las personas trabajadoras, en los momentos iniciales de la pandemia, reconoció las prestaciones basándose en la información aportada por la empresa afectada «sin disponer de la previa constatación de la existencia de fuerza mayor justificativa de la regulación temporal de empleo por parte de la autoridad laboral competente«. »Esta situación -prosigue- provocó la posterior regularización de un elevado número de prestaciones por desempleo«.

Explican sobre el organismo autónomo que tuvo que recurrir a su propio remanente para financiar las prestaciones por desempleo, con un desembolso de 13.535 millones, sin haber recibido directamente los fondos europeos previstos para este fin. Y asegura también el Tribunal que a 16 de mayo de 2024 seguían inactivas 411.310 empresas acogidas inicialmente a los ERTE, y sólo el 62,21% de los trabajadores había retornado a su mismo centro de trabajo.

«La falta de planificación, por parte de este organismo autónomo, tanto de la gestión de los expedientes como del diseño y selección de los requisitos objeto de revisión no ha permitido documentar -dicen- los resultados finales obtenidos en dicho proceso de regularización». La fiscalización ha detectado 10.896 beneficiarios de prestaciones cuya inactividad no figuraba comunicada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyo importe asciende a 24.656.594 euros.

Sobre el SEPE se detiene y explica que no efectúa la auditoría regular ordinaria de los sistemas de información utilizados en la gestión de las prestaciones por desempleo cada dos años, a través de una entidad certificadora acreditada, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Esquema Nacional de Seguridad, «incumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad».

Añade que tampoco ha llevado a cabo los análisis de riesgos de sus sistemas de información, correspondientes a los años 2020 y 2021, «incumpliendo con ello lo dispuesto en la Orden TES/369/2023, de 10 de abril, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información y de los Servicios en el ámbito de la administración digital en el Ministerio de Trabajo y Economía Social».

Recuerda que entre 2018 y 2022 el servicio de empleo ha perdido de forma continuada funcionarios de carrera, un 15%, «situación que se ve agravada tanto por el envejecimiento de su plantilla, como por su falta efectiva de reposición». Agrega que esta pérdida de personal funcionario de carrera se ha venido compensando con la incorporación sistemática de interinos, que han aumentado un 47,3%.