El Tribunal de Cuentas incrementa un 8% el coste público del rescate bancario hasta los 71.833 millones

«Se ha actualizado la estimación del coste, a 31 de diciembre de 2021, de las ayudas públicas concedidas por el FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España en los procesos de reestructuración bancaria desarrollados en el período 2009-2021. La estimación se ha realizado partiendo de la contenida en la fiscalización referida al período 2009-2018», expresa el resumen del documento.

El organismo ha elaborado en tres ocasiones una fiscalización de la reestructuración bancaria en España y esta será la cuarta vez que haga el cálculo, a cada cual más elevado según van pasando los años. Y en esta ocasión se añaden también recomendaciones al Gobierno tras la absorción de Bankia.

El último informe, que data de hace dos años y llega hasta el fin de 2018, cuantificaba el coste público en 66.577 millones de euros. A dicha fecha, Bankia era la única entidad de crédito reestructurada que se encontraba aún participada por el FROB.

Ahora, esa cantidad se ha actualizado, para incrementarla, y dejarla concretamente, a 31 de diciembre de 2021, en 71.833 millones de euros. «El concepto de coste estimado del proceso se ha obtenido, al igual que en los tres informes de fiscalización anteriores, partiendo de los importes de los recursos comprometidos y descontando las partidas que representan ingresos, menores costes, recursos no dispuestos o cancelados y participaciones en capital o créditos que aún mantenía el FROB a 31 de diciembre de 2021», aclara el Tribunal de Cuentas.

De ese montante, 50.622 millones de euros corresponden al FROB, 21.273 millones al Fondo de Garantía de Depósitos, que se financia con las aportaciones de las entidades de crédito, y -62 millones al Banco de España. El principal componente del coste (un 73 % del total) ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas (52.716 millones de euros), que son puramente los rescates. «Destacan, como procesos que han supuesto mayor coste, los de BFA/Bankia (17.590 millones), CX (12.691 millones de euros), Banco CAM (12.560 millones) y NCG (9.229 millones)», indica el organismo.

Asimismo, la institución deja la puerta abierta a que la cifra final todavía continúe incrementándose, o disminuya, ya que «hay ciertas operaciones posteriores a esa fecha (2021) que pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe».

El FROB, controlado por el Ministerio de Asuntos Económicos, tenía en Bankia la mayoría del capital social, más de un 61%. Pero la absorción por parte de Caixabank hizo que la participación pública se diluyera en el accionariado de la entidad de origen catalán.

Ahora en Caixabank, el Estado posee alrededor de un 17% del banco; ya no es el accionista principal, pero se mantiene con una participación relevante y un puesto en el consejo de administración. Esa participación que tiene el FROB la ostenta a través de BFA, el holding que tiene en realidad las acciones y que es 100% público. Ese 17% en Caixabank, en teoría, ha de venderse antes de 2025. Igual que ocurre con el holding BFA. Y esto después de que en los últimos años, por los sucesivos gobiernos, se haya ampliado el plazo de desinversión pública.

Bajo este escenario, el Tribunal de Cuentas también llama la atención al Gobierno por su estrategia de desinversión de la participación pública. «Ninguno de los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se amplió el plazo de desinversión ha tenido en consideración las actuaciones necesarias para la desinversión de la participación que el FROB mantiene en BFA, que habrá de producirse, muy probablemente, mediante un proceso de liquidación de esta sociedad», señala el documento, y añade: «El FROB no dispone de un documento estratégico que, de manera integral, incluya una planificación, una programación temporal y una metodología de todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo la actividad de desinversión en BFA. Dichas actuaciones deben afectar no solo a la desinversión de las acciones de Caixabank (para la que el FROB cuenta con una estrategia de desinversión), sino también a la gestión de los activos inmobiliarios y de la tesorería resultante de las mismas».

En este sentido, el informe sostiene que «con el fin de disminuir la incertidumbre y facilitar la planificación y el seguimiento del cumplimiento del objetivo consistente en la maximización de la recuperación de los recursos utilizados en la reestructuración de BFA y de Bankia, el FROB podría incorporar a la estrategia de desinversión el análisis de distintos escenarios alternativos para la ejecución de la venta de la participación en CaixaBank, calculando el importe recuperable teniendo en cuenta como variables el precio de venta de la acción y el momento de ejecutar la desinversión».