El Tribunal de Cuentas europeo pide a la UE que defina el castigo por incumplir las reformas

Por primera vez se han cambiado los usos tradicionales del dinero europeo puesto que, en lugar de pagar contra la factura del proyecto ya ejecutado la Comisión, está adelantando el dinero y después evalúa si se han cumplido los compromisos de inversión. «Si la Comisión considera que algunos de los objetivos comprometidos no se han cumplido, no sabemos cómo se va a gestionar», afirma Matthias Beermann, el portavoz del Tribunal de Cuentas que reclama al Ejecutivo comunitario «procedimientos claros, coherentes y transparentes» para poder cuantificar si se han llevado a cabo los objetivos definidos por el plan de recuperación.

El Tribunal de Cuentas fiscaliza directamente a la Comisión y no a los países miembros que reciben el dinero, pero en este caso se encargará de que la entrega de estos fondos esté de acuerdo con las reglas pactadas y justificada por los resultados a los que cada país se ha comprometido. En efecto, en caso de que un país no cumpla con una parte de sus compromisos «la Comisión podría autorizar solamente un pago parcial» del dinero solicitado, admiten fuentes del Ejecutivo comunitario, que recuerdan que por ello «aconsejamos a los países que no tramiten la solicitud de un nuevo tramo de fondos hasta que no estén bien seguros de que han cumplido con todos sus compromisos».

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Según ha anunciado Calviño, hoy mismo podría enviar la solicitud del tercer tramo de ayudas por valor de más de 6.800 millones de euros. Este será prácticamente el último en el que todos los compromisos son reformas legales, y no hay todavía objetivos de inversión directa como se ha planeado para la próxima etapa, lo que puede plantear los problemas contables más agudos para el Tribunal de Cuentas para justificar fondos que hayan sido entregados pero cuya ejecución no haya sido debidamente justificada.

En el Tribunal Europeo de Cuentas son conscientes de que por ahora «España es el país que ha ido más avanzado en la petición de fondos a cambio de reformas e inversiones, pero después habrá más casos con otros países. España es el primer país, pero no será el único que «ha de pasar por este filtro» y, por ello, «reclamamos que nos indiquen procedimientos claros para definir qué tenemos que hacer en caso de que se constaten incumplimientos parciales y esperamos que la Comisión reaccione cuanto antes».

En el caso de España, el Tribunal solo ha constatado por ahora «un pequeño incumplimiento que no tenía consecuencias económicas, pero eso nos demuestra que puede haber más problemas en el futuro». La cuestión no es solo la posibilidad de retirar una parte de los fondos de las siguientes entregas, sino sobre todo saber cómo ha de cuantificarse, lo que la eurodiputada popular Isabel Benjumea define como «precisar cuánto cuesta el kilo de incumplimiento, por decirlo de una forma gráfica».

Teniendo en cuenta las circunstancias provocadas por la pandemia, Beermann reconoce que «se ha querido esta vez que el dinero llegue rápidamente a los gobiernos sin mucha burocracia, pero es dinero que proviene de un plan de endeudamiento de la propia Comisión y eso hay que controlarlo con todo el rigor posible», de manera además que se garantice que todos los países son tratados por igual.

Si Calviño cumple con su promesa de enviar la tercera solicitud de dinero, la Comisión va a tener que hacer un análisis de lo que se ha cumplido o de lo que no, antes de enviar su dictamen al Consejo, a la reunión de ministros de Economía (Ecofin) para que aprueben formalmente el desembolso. En caso de que se constaten incumplimientos concretos, la Comisión también puede optar por dar más tiempo -hasta seis mese- para que se cumplan.

Por ahora en el Ejecutivo comunitario insisten formalmente y por escrito en que no han detectado nada irregular y que, por ahora, «no tenemos indicios de irregularidades en el uso de los fondos de recuperación en España», y que las auditorías que se han llevado a cabo hasta ahora, es decir, la llegada de los «hombres de negro» a Madrid, forman parte del procedimiento ordinario.

La Comisión realizó una primera auditoría en España a finales de febrero de 2022. En septiembre se llevó a cabo una segunda, y en ningúno de los dos casos «no hubo desencadenantes específicos para estas auditorías. Se trata de procedimientos estándar que siguen una metodología estándar» y que se aplican «de forma similar en todos los demás Estados miembros en el contexto del plan de recuperación». El Tribunal de Cuentas dirá si la gestión de la Comisión en este caso ha sido o no acorde con las reglas pactadas para entregar estos fondos.