El Tribunal de Cuentas augura una demora prolongada en los fallos sobre la malversación del 'procés' si el asunto acaba en Europa
El órgano fiscalizador valora todavía si presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE por la posible colisión de la ley de amnistía con el derecho comunitario
La presidenta del Tribunal aprovecha un acto en el Colegio de Economistas para reivindicar su independencia: «No tenemos ninguna dependencia del Ejecutivo»
La resolución de los 35 procedimientos por malversación a ex altos cargos de la Generalitat abiertos por el Tribunal de Cuentas con motivo del procés podría experimentar una «demora prolongada» si el órgano fiscalizador acaba presentando una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia ... de la Unión Europea por la posible colisión de determinados elementos de la ley de amnistía con el derecho comunitario, como parece ser la intención de la consejera que está llevando el asunto, Elena Hernáez, que el pasado 11 de junio dio audiencia a las partes antes de formalizar la presentación del asunto.
La maniobra de Hernáez ha causado controversia incluso dentro del propio tribunal, ya que el fiscal del mismo, Manuel Martín-Granizo, que forma parte del pleno del Tribunal de Cuentas, consideró que someter al TJUE la coherencia de la ley de amnistía con el derecho europeo no resultaba procedente.
El asunto es muy delicado políticamente. La apertura de este procedimiento suspendió el plazo del que dispone el Tribunal de Cuentas para dictar sentencia sobre los casos de malversación que se investigan y que podrían derivar en la exigencia a Oriol Junqueras, Carlos Puigdemont, Artur Mas y otros 32 altos cargos de la Generalitat durante la gestión del procés del reintegro de los 5,4 millones de euros presuntamente malversados.
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La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha admitido este martes en un acto organizado por el Consejo General de Economistas que de concretarse este escenario de la cuestión prejudicial es muy probable que la resolución de este procedimiento sufriera una «demora prolongada» a la luz de los precedentes de casos similares, en los que la decisión del TJUE suele dilatarse durante bastante tiempo.
Enriqueta Chicano ha aclarado el estado de situación de los 35 procedimientos por malversación abiertos por el 'procés'. Ha recordado que la apertura del procedimiento para la posible presentación de la cuestión prejudicial ante el TJUE los han dejado en suspenso y que la decisión de remitir esa cuestión prejudicial o no a la instancia europea no depende del pleno del Tribunal de Cuentas sino de la consejera que lleva el caso, y que en última instancia de concretarse ese paso el fallo definitivo del Tribunal de Cuentas dependerá del pronunciamiento del TJUE en relación a la compatibilidad o no de la ley de amnistía con el derecho comunitario en lo que se refiere al perdón del posible delito de malversación.
El plazo de consulta que se dio a los demandados y a las demandantes para expresar sus opiniones respecto a la posible presentación de esa cuestión de constitucionalidad ya ha finalizado y será ahora la consejera que lleva el caso la que tendrá que decidir si se eleva el asunto a la justicia europea o no.
Reivindica su independencia
Mientras se decide si se da o no ese paso, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha aprovechado una conferencia en el Consejo General de Economistas para tratar de liquidar cualquier duda sobre la independencia del Tribunal de Cuentas o de su presidenta en este proceso o en cualquier otro que dependa del órgano fiscalizador. "Me preocupa que pretendan introducirnos en la batalla política como actor de la contienda. No lo somos", ha subrayado Chicano. "No tenemos ninguna dependencia del Ejecutivo, no nos pueden decir qué fiscalizaciones hacer ni darnos indicaciones. En los quince años que llevo en el Tribunal nunca he recibido una sola indicación del Ejecutivo".
La presidenta del Tribunal de Cuentas, designada en su día como consejera a propuesta del PSOE, libra desde hace meses una cruzada por reivindicar la independencia del órgano fiscalizador, que se ha puesto en cuestión a cuenta de las fiscalizaciones realizadas sobre la controvertida contratación de emergencia durante la pandemia.
"Estamos enfadados porque con motivo de las comisiones de investigación nos han intentando meter en la batalla política cuando nuestra función es poner en manos del Parlamento las armas para realizar un control político sobre el Ejecutivo que a nosotros no nos corresponde", ha enfatizado. "Ustedes mátense, no se maten, hablen, chíllense, da igual, pero nosotros no tenemos otra opinión más que la que se expresa en nuestros informes", ha recalcado, visiblemente molesta con la situación.
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