Huida de caseros a los alquileres de menos de un año de duración tras la aprobación de la ley de Vivienda

Son alquileres que no están regulados en la ley de Vivienda y que han escapado de todas las intervenciones al mercado del alquiler que ha venido haciendo el Gobierno en los últimos tiempos, como son los límites del 2% a la subida anual de las rentas o las prórrogas forzosas a favor del inquilino (plasmadas también en la nueva norma). También escapan de los topes al arrendamiento que habilita la ley de Vivienda.

Las primeras en constatar este trasvase son las propias plataformas especializadas en el alquiler de menos de un año. Distintas empresas intermediarias lo confirman a este periódico. Aseguran que, en todo caso, es una tendencia que ya se venía produciendo desde abril del año pasado cuando el Gobierno desvinculó al IPC de los alquileres y estableció un límite del 2% a la subida de rentas anuales, todavía vigente hoy, y que la ley de vivienda elevará al 3% durante 2024.

Desde una de ellas, la valenciana Homyspace, aseguran que han registrado una nueva oleada de caseros que reclaman sus servicios tras el anuncio de acuerdo de la nueva ley de Vivienda en el mes de abril. «Estamos abosrbiendo bastante producto destinado al alquiler de larga distancia proveniente de propietarios particulares», explica el CEO de la empresa, Ángel Mayoral. En el último año, con las intervenciones del Gobierno y las campanas de la ley de Vivienda repicando, han sumado entre un 30 y un 40% más de pisos ofertados en su página web.

Son viviendas ubicadas por todo el territorio español, hasta en 1.300 localizaciones, por lo que la tendencia es generalizada, aunque la mayor demanda la reciben sobre todo desde Madrid y Barcelona, y también en municipios cercanos a Valencia, Málaga, Zaragoza y Sevilla, áreas donde el mercado del alquiler está saturado y que podrían aspirar a ser denominadas como zonas tensionadas con la ley de vivienda si las autoridades competetentes autonómicas en vivienda lo estiman.

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Mayoral explica que bajo la modalidad de arrendamiento temporal, los caseros aspiran a lograr un 35% más de rentabilidad. Pero sobre todo les otorga el poder para no prorrogar el contrato al inquilino y recuperar su vivienda una vez haya finalizado el periodo de contratación, como así queda fijado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

No son ni mucho menos casos aislados. El propio Gobierno es conocedor de esta problemática y, en la ley de Vivienda, abre la posibilidad de regular estos alquileres. En la disposición adicional quinta se habilita un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para constituir un grupo de trabajo que sirva «para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda» recogidos en la LAU con foco particular en los contratos de arrendamiento celebrados por temporada sobre fincas urbanas de uso vivienda. Es una manera de atajar también a los alquileres turísticos que proliferan sin control en algunas capitales españolas.

En todo caso, el avance o no de esta regulación y otras tantas que recoge la nueva norma también dependera del resultado de las elecciones generales previstas para el próximo 23 de julio. Una posible victoria del PP pondría en jaque la norma al completo.