Trabajo da un ultimátum de siete días a la CEOE: o propone algo por escrito o recortará la jornada con CC.OO. y UGT

Así lo trasladó Pérez Rey tras la reunión de este lunes con UGT, CC.OO., CEOE y Cepyme, para negociar el borrador sobre la reducción de la jornada laboral que el pasado viernes Trabajo remitió a agentes sociales. Entre los aspectos novedosos que el Ejecutivo incluyó en esta propuesta inicial de anteproyecto de ley es la de aplicar un incremento salarial proporcional al de la reducción de jornada para aquellos trabajadores con contrato a tiempo parcial que mantuvieran intactas sus horas de trabajo. En suma, el incremento para un trabajador que con convenio de 40 horas mantenga sus horas una vez el máximo legal sea de 37,5 horas sería de más del 6% en 2025.

Además, el texto al que tuvo acceso este medio también se regulaba con cierto detalle el modo en que las empresas deberán integrar las soluciones digitales para un registro horario transparente, digital y efectivo, que además sea evaluable por parte de la autoridades competentes de forma remota y en tiempo real. Concretamente, lo que plantea el Ministerio de Trabajo sobre este punto de la reforma es dar acceso directo a los datos de registro horario de las empresas a la Insepección de Trabajo y Seguridad Social.

En este punto, la propuesta publicada por ABC también daba detalles sobre el pliego de sanciones previstas para las empresas que incurran en incumplimientos de la nueva normativa. Además, bajo un nuevo prisma, ya que el Gobierno plantea multas de hasta 10.000 euros en los casos de incumplimientos más graves, pero aplicables por cada trabajador afectado por estos incumplimientos.

En declaraciones a los medios, el 'número dos' de Yolanda Díaz avisó a CEOE y Cepyme que antes de la próxima reunión para avanzar en la reducción de jornada, que se ha convocado para la semana que viene, deben trasladar los criterios y elementos de los que hacen depender un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo, aunque ha indicado que «no pueden ser muchos, porque el documento es muy nítido en cuál es su propósito, que es rebajar la jornada de manera razonable y escalonada».

«Lo que espero, y creo que así harán, es que en el marco del trabajo de CEOE y Cepyme podamos tener alguna respuesta para, en su caso, poder incorporarla y seguir adelante con la tramitación de este proyecto», añadía el secretario de Estado. Además, Pérez Rey subrayó al respecto que la reducción de la jornada laboral lleva negociándose desde hace cinco meses, por lo que «no es posible» que la CEOE no haya realizado una propuesta por escrito en todo este tiempo. «El tiempo apremia», señalaba que ha insistido en que «las propuestas o las contrapropuestas deben estar maduras y deben ser incorporadas al debate, por escrito».

En este sentido, cabe recordar en línea de las declaraciones públicas realizadas por el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que las principales objeciones de los empresarios para suscribir un acuerdo que en cualquiera de sus versiones implica un aumento de los costes laborales para las empresas está no tanto en el impacto económico de la medida, sino en los componentes colaterales que determinan una aplicación ordenada de este recorte de la jornada laboral.

De entrada, recuerdan desde las patronales que no todos los sectores son igualmente sensibles ante la modificación de este parámetro de tiempo de trabajo, sugiriendo una aplicación diferente en función del sector de actividad, pero también del tamaño de la compañía ya que las empresas que más sufrirían el alza de costes serían las pymes, para las que el incremento del coste por hora de trabajo de más de un 6% de golpe puede suponer el estrangulamiento financiero de los negocios.

Por último, desde CEOE y Cepyme advierten en conversaciones con ABC de las complejidades que implica la ausencia de un periodo transitorio de aplicación extenso, que de espacio para que los convenios colectivos -la reducción a 37,5 horas para el 1 de enero de 2025 tocaría a casi la totalidad- para adaptar la jornada laboral ordinaria. Y el peligro de que se genere un embudo en las más de 4.000 mesas de negociación colectiva abiertas a lo largo y ancho del tejido productivo.