Trabajo obliga a convertir 95.000 contratos temporales en fijos en lo que va de año

Y el plan de choque contra el fraude en la contratación puesto en marcha este año por el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social no termina ahí. En una nueva remesa de actuaciones se han enviado requerimientos a 39.116 empresas para que justifiquen 86.903 contratos temporales y fijos discontinuos potencialmente fraudulentos. Tal y como señalan las fuentes ministeriales, las empresas tienen ahora un plazo par justificar estas relaciones laborales –no significa que sean contratos fraudulentos todos ellos– y en caso de no poder sostener la base contractual, deberán convertir a estos trabajadores en indefinidos. De no justificarse y vencer el plazo –no especificado desde el Ministerio de Trabajo– la Inspección procederá a sancionar.

De los 95.000 contratos convertidos, 43.000 se han transformado en contratos fijos desde temporales, mientras que 52.000 han pasado de fijos discontinuos a fijos ordinarios. Cabe recordar en este punto que estas situaciones se producen en un contexto en el que en el último trienio se han incrementado los afiliados con contrato fijo discontinuo en un 137% (hasta los 962.766), al tiempo que los temporales, para los que se han endurecido las condiciones y restringido el tiempo que se pueden mantener, han disminuido un 49% (hasta los 2,12 millones de asalariados).

Desde la Inspección recalcan sobre estos supuestos que la contratación, tanto temporal como fija discontinua, está asociada a necesidades específicamente temporales, o permanentes pero intermitentes, de las empresas y no a cubrir «puestos de trabajo estructurales y ordinarios», lo que derivaría en una contratación injustificada y en un «fraude de ley».

Señalan al respecto las fuentes consultadas que para que las empresas no incurran en estas faltas no basta con el cumplimiento de los requisitos formales «cuando lo que se trata es de cubrir un puesto de trabajo de carácter permanente y continuo». Así, señalan que la labor de la Inspección a este respecto es determinar la realidad del perfil de las relaciones laborales con el fin de prevenir el uso incorrecto de la contratación por parte de las empresas. Cabe recordar en este punto, que es precisamente el fijo discontinuo la modalidad de contrato en la que se han refugiado la mayoría relaciones laborales temporales tras la reforma aprobada por Yolanda Díaz.

Más allá, estas actuaciones conminadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vienen tensionado las fuerzas del organismo, cada vez con más cargas derivadas de la legislación incorporada en los últimos años. La supervisión del control horario, el registro salarial, los planes de igualdad, los planes LGTBI, son nuevas actuaciones que debe de abordar órgano supervisor con los recursos limitados. Tal y como advertían los propios sindicatos de la Inspección que han amagado con sucesivas huelgas para que el Gobierno cumpla con los compromisos adoptados en 2021, que preveían un refuerzo de plantilla de casi 800 trabajadores que aún no se ha cumplido.