Trabajo cede ante la CEOE y acepta un plazo transitorio para aplicar la reducción de jornada a 37,5 horas en las empresas

De hecho, ni el Gobierno ni los asistentes a la reunión pudieron detallar de forma concreta hacia qué dirección iría esta flexibilización de los plazos, si bien el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, admitió que el Ejecutivo ya trabaja en un plan para dar flexibilidad en función de los diferentes convenios, o de las diferentes actuaciones planteables para la adaptación a la normativa (si por ejemplo se realiza mediante un incremento de los días de vacaciones remuneradas).

Otra de las opciones que tanto UGT como CC.OO. señalaron al término de la difusa reunión como posibles vías es la de que sean los convenios colectivos los que impulsen la negociación bipartita de cada uno de ellos para fijar esta adaptación a la ley, en lo que sería una opción más cercana al planteamiento preferido por CEOE y Cepyme de que el periodo transitorio sea el que tarden los convenios colectivos en ir venciendo e incorporando la norma en las renovaciones.

Esta posibilidad casi fue la única que sí descartó el responsable de Trabajo en la negociación tripartita asegurando que «obviamente no se trata de diferir la reducción de jornada a 2030». Que es precisamente el plazo que desde la patronal se estima de darse la opción de ir incorporando las 37,5 horas a medida que caduquen los convenios colectivos. Cabe recordar, que este planteamiento nace de la expectativa de que con la propuesta que hay ahora sobre la mesa que fija para el 1 de enero de 2025 la incorporación obligatoria de la reducción de jornada, obligaría a remover prácticamente las casi 5.000 mesas de negociación colectiva existentes en España, pudiendo generarse un embudo en las negociaciones que sería contraproducente para el objetivo efectivo de la medida.

Concretamente, el Ministerio de Trabajo prevé tener ya por escrito una propuesta por escrito para esta flexibilización de los plazos que haga que esta incorporación «sea menos abrupta». «En lo que queda de 2024 y todo 2025, hay margen», señalaba en la rueda de prensa posterior a la última reunión el secretario de Estado de Trabajo. «Existen fórmulas que pueden permitir que esa incorporación sea más progresiva», añadía sugiriendo la posibilidad de contar con la complicidad de los convenios colectivos, señalaba Pérez Rey referenciando concretamente la posibilidad del aumento de días de vacaciones o la concesión de mayores permisos.

Del mismo modo, el Gobierno se ha comprometido con la patronal al llevar a término una propuesta más honda y concretar sobre la mayor flexibilidad que también se ofrece en cuanto a la distribución irregular de la jornada. Que consiste, básicamente, en dar más posibilidad a las empresas de concretar las horas de trabajo en momentos de picos de actividad en los que se podría llegar a rebasar el tiempo máximo de jornada ordinaria.

«Hasta el 31 de diciembre de 2025, el porcentaje de distribución irregular de la jornada anual por la empresas previsto en el artículo 34.2 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores se aplicará sobre la jornada anual que tuvieran en el momento de la entrada en vigor de esta norma», señala la disposición transitoria segunda en la última redacción, a la que ha tenido acceso ABC.

Cabe recordar que las empresas pueden actualmente distribuir irregularmente hasta un 10% de la jornada anual y lo que se propone ahora es que ese 10% quede referido a la jornada que tuvieran las empresas a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida. «La patronal ha insistido en este punto, y vamos a realizar una nueva propuesta para incorporar mejores márgenes», señaló el responsable de la negociación por parte del Ministerio.

Pérez Rey apuntó que el 29 de julio se celebrará la próxima reunión, en la que se intentará llegar a un acuerdo, al tiempo que no ha querido concretar si el nuevo escenario de flexibilización que se plantea para implantar la reducción de jornada implica renunciar a contar ya en 2024 con la reducción a 38,5 horas, para lo que se necesitaba cerrar el texto legal antes de agosto.

Ahora, el Gobierno parece valorar cada vez más la necesidad de contar con la patronal en la firma del texto que será trasladado para su trámite parlamentario, que precisamente no cuenta con los mejores augurios de salir adelante si no lleva el sello de la patronal, toda vez que el Ejecutivo podría tener fugas de votos, necesarios para sacar adelante la medida, entre sus socios de corte más liberal en el plano económico.