Trabajo se ablanda y estudiará un mayor periodo de transición para la reducción de jornada a 37,5 horas, como pide CEOE

Concretamente, el nuevo borrador incluye dos cuestiones: una mejora de la flexibilidad para la distribución irregular de la jornada en los sectores de producción inconstantes, es decir, en aquellos en los que se concentra en ciertos periodos a lo largo del ejercicio; y también un agravamiento de las multas que se ya se plantearon para los incumplimientos de la jornada laboral, incrementando las cuantías en los supuestos en lo que estas infracciones además entrañen un riesgo para la salud de los trabajadores.

Según ha precisado Trabajo, las empresas pueden actualmente distribuir irregularmente hasta un 10% de la jornada anual. Lo que se propone ahora es que ese 10% quede referido a la jornada que tuvieran las empresas a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida.

Sin embargo, aunque no aparece en el texto trasladado por el Gobierno a los agentes sociales con el espíritu de atraer al acuerdo a las patronales CEOE y Cepyme, el Ministerio de Trabajo está abierto a incluir todavía una medida más de las que piden los empresarios para aminorar el coste de una reducción general de la jornada a 37,5 horas, y que según los servicios de estudio de las organizaciones tendría un coste directo en forma de subida salarial encubierta de 12.000 millones de euros y de 42.000 millones si se tiene en cuenta la pérdida de valor añadido bruto. Concretamente, este punto es el dar un mayor plazo para la entrada en vigor de las 37,5 horas semanales que está previsto en el primer borrador del anteproyecto de ley para el 1 de enero de 2025.

Sin embargo, tras la reunión -siendo este además uno de los dos puntos que deslizó como viables el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la pasada semana- el propio secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que tan severo había sido en las acusaciones a la patronal hace solo una semana reconoció que además de esa distribución de la jornada irregular más flexible, el Ministerio también está abierto a explorar un mayor periodo de adaptación. Desde la CEOE han pedido al Gobierno que este plazo se extienda tanto como lo que tarden en ir renovándose los convenios. Según señalan desde el Ejecutivo este supuesto podría llevar a la implantación total de las 37,5 horas en el tejido productivo a 2030.

Si bien parece que ese plazo está descartado, desde el Gobierno sí que plantean la posibilidad de ampliar la entrada en vigor durante un plazo razonable. Cabe recordar, que esta es una de las cuestiones que más preocupa en la patronal, ya que tal y como aparece el texto en su primera redacción obligaría a partir del próximo año a abrir el melón de las casi 5.000 mesas de negociación bipartita existentes a lo largo y ancho de España, con el consecuente riesgo de embudo y colapso en las renovaciones, lastrando además el objetivo de implantación del recorte de jornada.

«Hemos incorporado una capacidad de distribución irregular de la jornada para que las empresas tengan más tiempo de adaptación. Y hemos incorporado un agravante para las infracciones que pueden provocar daños para la salud de los trabajadores», señalaba Pérez Rey como las dos novedades incorporadas en el texto, asegurando que «el trabajo de sol a sol, mata». «Tendremos que estudiar las posibilidades de mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo y en la entrada en vigor de la jornada», señalaba el secretario de Estado al término de la reunión.

«En ambos elementos tendremos que estudiar cuáles son estas posibilidades de mayor flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo y cuáles son estas posibilidades de una mayor flexibilidad en la entrada en vigor de las normas que reducen la jornada, pero tiene que quedar claro que estamos negociando para llegar a un acuerdo y que es el acuerdo el que nos anima a llevar a cabo el estudio de todas estas medidas y es el acuerdo el que justificaría que tuviéramos presentes medidas como las que la patronal está reclamando», insistió el secretario de Estado.

Precisamente, preguntado por si el Gobierno estaría dispuesto a ampliar el plazo para la entrada en vigor de las 37,5 horas, previsto para 2025, el secretario de Estado ha afirmado que «hay muchas maneras de, junto con la negociación colectiva, establecer una entrada en vigor que sea lo suficientemente flexible para que nadie tenga que incorporar de golpe y porrazo una reducción de jornada que podría no asimilar».

Por su parte, tanto el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, como el secretario de Estudios y Formación Sindical de CC.OO., Carlos Gutiérrez, apuntaron que aceptarán la flexibilidad propuesta por el Gobierno siempre y cuando los tiempos sean «razonables», pero han insistido en que la jornada debe reducirse lo «antes posible».

Así, Luján cree que se podrán encontrar «soluciones» en relación a la cuestión, pero insiste en que el Gobierno deberá aportar razones de «peso» para que los sindicatos vean necesario una flexibilidad a la hora de reducir la jornada, ya que el Ejecutivo debe «cumplir» con el compromiso del Gobierno de coalición y recortar el tiempo de trabajo en los plazos en los que se comprometió. En esta línea, ha recordado que la última reducción de jornada, que se realizó en 1983, se hizo sin transitoriedad y «no vino el apocalipsis», por lo que ha hecho un llamamiento a CEOE y Cepyme a aceptar de manera clara la reducción de jornada y concretar su posición.

Por su parte, Gutiérrez subraya que la medida que estaba encima de la mesa ya era una «medida positiva», pero que valorarán la propuesta del Gobierno, siempre y cuando esté «en la línea o con el objetivo» de acordar de forma tripartita la reducción y que se haga en un periodo «razonable» de tiempo. «No estaremos nunca de acuerdo con la dilatación y el aplazamiento de la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas», señalaba sobre una eventual ampliación de la entrada en vigor de la ley.

Por ello, ambos líderes sindicales han afirmado que elevarán a sus órganos de dirección las propuestas que se han presentado este lunes por escrito y que, en la próxima reunión, en la que previsiblemente habrá un nuevo documento, valorarán las medidas.