La Justicia europea tumba los acuerdos de pesca y agricultura entre la UE y Marruecos

La decisión era más que previsible porque no es el primer tratado de este tipo que es considerado nulo por los tribunales europeos. Pese a todo, los jueces son conscientes de las implicaciones económicas y políticas y han decidido que el acuerdo puede seguir vigente durante 12 meses más, mientras las dos partes buscan una solución.

Pero si no hubiera quedado claro el marco legal en el que se enmarca este problema, en otra sentencia diferente también publicada ayer los jueces de Luxemburgo han dictaminado que los productos agrícolas, en este caso melones, producidos en el Sahara Occidental no pueden ser vendidos en Europa con una etiqueta que diga que vienen de Marruecos, sino que ha de especificar que se han cultivado en la antigua colonia española.

Una vez publicada la sentencia, la Comisión Europea publicó un comunicado con toda la solemnidad posible, firmado conjuntamente nada menos que por la presidenta Ursula von der Leyen y el alto representante, Josep Borrell, una fórmula reservada para las grandes ocasiones. En este comunicado se dice que «en estrecha cooperación con Marruecos, la UE tiene la firme intención de preservar y seguir fortaleciendo sus estrechas relaciones con Marruecos en todos los ámbitos de la asociación Marruecos-UE, de conformidad con el principio pacta sunt servanda».

En efecto, Rabat considera que la UE ya se ha comprometido a desarrollar esta alianza bilateral, pero también insiste en que, como dijo ayer mismo el ministerio de Exteriores, no firmará «ningún acuerdo o instrumento jurídico que no respete su integridad territorial». Es decir que cualquier acuerdo ha de incluir al Sahara, pero si lo incluye la Justicia lo declarará nulo.

De momento, la Comisión adelanta que «en las próximas semanas» se va a intensificar «aún más la alianza estratégica» con Marruecos. El Gobierno español se ha sumado a Bruselas y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares también se ha comprometido a «trabajar con la UE y Marruecos para preservar y continuar desarrollando esta relación».

La decisión afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a la flotas andaluza, gallega y canaria.