La Abogada del TJUE avala la multa de más de 4.000 millones a Google por abuso de posición dominante

A tenor de la confirmación de Juliane Kokott, esta sanción se confirma como la más alta de la historia de la Unión Europea. El caso se remonta a julio de 2018, cuando la Comisión impuso a Google una multa de casi 4 343 millones de euros por imponer restricciones contractuales a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores de redes que consideró como contrarias a las reglas de competencia.

Google recurrió esta decisión alegando que había puesto en práctica parte de los requisitos Google y los jueces le dieron la razón en septiembre de 2022 pero solo en lo que se refiere al cálculo de la multa, que quedó fijada en los actuales 4124 millones. Ante esa sentencia, Google interpuso otro recurso de casación ante el Tribunal de Justicia y ahora la abogada general le ha dado la razón al ejecutivo comunitario. A pesar de que las opiniones del abogado no determinan el fallo, en la inmensa mayoría de casos ambos dictámenes se alinean.

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El TJUE, principal órgano de control jurisdiccional de la Unión, ya había sancionado a Google en septiembre del pasado año por abuso de posición, al favorecer su propio servicio de comparación de productos frente al de su competidores, en la pestaña «shopping» del buscador.

En dicha ocasión, la sanción ascendió a 2.400 millones de euros, de la que Alphabet, compañía que ostenta la posición de socio único de Google, respondió solidariamente con un importa de 523 millones de euros. A pesar de que el ordenamiento comunitario no prohíbe expresamente la existencia de una posición dominante, el máximo órgano de la Unión interpretó que el comportamiento de la compañía de Silicon Valley fue «discriminatorio», confirmando de este modo la sanción.

En concreto, Google obligaba a los fabricantes a preinstalar las aplicaciones de búsqueda y navegación de la marca ('Google Search' y 'Chrome') como condición para poder obtener una licencia para 'Play Store' y les exigía no vender dispositivos equipados con versiones alternativas a su sistema operativo, Android, no autorizadas por la compañía.

También incluía cláusulas de «reparto de ingresos» con las que supeditaba la participación de los fabricantes y de los operadores de redes en los ingresos por publicidad al requisito de que no preinstalaran ningún otro servicio de búsqueda general en los dispositivos incluidos en una cartera predeterminada.

En sus conclusiones, que no son vinculantes para el TJUE pero suelen marcar el sentido de la gran mayoría de sentencias, la Abogada Juliane Kokott propone desestimar el recurso de casación de Google y confirmar con ello el primer fallo dictado por el Tribunal General en 2022 que confirmó la multa.

En la defensa del caso, el Ejecutivo comunitario argumentó que con las restricciones impuestas, Google perseguía el objetivo de proteger y reforzar su posición dominante en el ámbito de los servicios de búsqueda general y sus ingresos fruto de anuncios publicitarios asociados a dichas búsquedas, en un momento en el que la relevancia del Internet móvil aumentaba de forma significativa.

El Ejecutivo comunitario concluyó que, debido a su objetivo común y a su interdependencia, las restricciones controvertidas supusieron una infracción única y continuada. Google, por su parte, recurrió la sanción ante la Justicia europea, pero la Abogada General considera que los argumentos jurídicos invocados por la tecnológica son inoperantes.