El tijeretazo de Blanco dejará más de 30.000 desempleados por ERE

Algunos esperan que Blanco presente una lista definitiva con las nuevas anualidades y los detalles sobre las obras congeladas, aunque apelan a la cautela: aún quedan muchos aspectos por definir y las empresas se aferran a las negociaciones de última hora para suavizar el impacto del ajuste presupuestario en sus balances. Pero ninguno pasa por alto que la reciente ronda de reuniones con los «heraldos» del Ministerio (Inmaculada Rodríguez Piñero, secretaria general Infraestructuras, y Víctor Morlán, secretario de Estado de Planificación) dejaron con mal sabor de boca a todos, compañías y sindicatos. Y las alarmas no han tardado en dispararse. Tanto la patronal, la Comisión Nacional de la Construcción (CNC), como CC.OO. y UGT coincidien en que el recorte en obra pública dejará en la cuneta a más de 100.000 empleados, de los cuales, al menos, 30.000 perderán su trabajo en alguno de los múltiples Expedientes de Regulación de Empleo que proliferarán a partir del próximo mes de septiembre como consecuencia directa del tijeretazo.

La ecuación es sencilla. A menor número de obras, menor carga de trabajo. Fuentes de las organizaciones empresariales y de los sindicatos ponen de relieve su inquietud frente al Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), que el Ejecutivo presentó como la panacea del sector. Su fórmula de financiación público-privada permite, según el Ejecutivo, movilizar 17.000 millones durante los dos próximos años, algo que aún no se ha puesto en práctica. La licitación de obras, que el Ejecutivo fijó en un principio para antes del verano, se ha ido retrasando y no hay garantías de que pequeñas y medianas empresas «dispongan de músculo financiero» para conseguir crédito. «El PEI está en el aire», subrayan desde las patronales.

Aunque las empresas aún no se han dirigido a los sindicatos para comunicarles sus planes de recortes de plantilla, la Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (FECOMA) da por sentado que se están produciendo movimientos en el seno de las empresas para «efectuar una ola de ERE en el próximo otoño» que, según Antonio Garde, secretario de Comunicación de FECOMA, golpeará, incluso, «a las grandes empresas». Actualmente, cerca de 2.800 trabajadores se encuentran afectados por este tipo de regulaciones, todos ellos en empresas de tamaño medio o reducido. De ellos, 1.600 trabajan en empresas de ámbito estatal asociadas al sector (Puertas Norma, Uralita, Martínez Núñez, UTISA, Forte Hormigones, Pacadar y Cinsa) y 1.200 en compañías de ámbito provincial que disponen de plantillas, normalmente, inferiores a 50 empleados.

La paralización de las obras contagiará, asimismo, al empleo de las empresas auxiliares. La Agrupación de Fabricantes de Cementos de España advirtió el lunes del panorama «sombrío» que se vislumbra tras los recortes. El presidente de la organización, Joaquín Estrada, transmitió su «temor» de que algunas de las 37 plantas radicadas en el país se vean obligadas a cerrar. «Mantener la actividad con el consumo más bajo de los últimos cuarenta años es difícil», reconoció para especificar que cada planta cementera da trabajo a una media de 150 empleados directos.

Las claves del tijeretazo

Con el criterio de eficiencia por bandera, Blanco se puso en contacto el pasado lunes con las grandes constructoras para comunicarles las rescisiones. Según señalaron fuentes empresariales, Acciona, una de las compañías cuya cartera está más expuesta al mercado de la construcción español, sufrirá ajustes en cinco de sus obras, mientras que FCC sufrirá reprogramaciones en tres de sus obras, una en Cantabria y dos de Aragón.

La rescisión de los contratos ha resultado desigual, según ha podido saber este periódico, ya que Blanco no ha tenido en cuenta criterios de reparto por empresas o autonomías. Esta situación ha llevado a algunas empresas a realizar consultas a su equipo jurídico para articular el proceso de demanda de indemnizaciones, que incluirá la solicitud del lucro cesante del 6% y las subvenciones por subcontratos y acopio de materiales.