La temporalidad en la Administración continúa en el 29% en el segundo trimestre

Ante esta situación, el sindicato mayoritario de los funcionarios ha vuelto a expresar su preocupación por las cifras y lo hace un día después de que la Comisión Europea haya reprendido a España por las situaciones laborales de discriminación que padece el colectivo de interinos.

«Hay que recordar que las administraciones se comprometieron por ley a reducir la temporalidad al 8% a finales de este año. Desde ya, advertimos que CSIF va a ser implacable y llevará a los tribunales a las administraciones que incumplan plazos y el objetivo de reducir la temporalidad», avisan desde la organización.

A cierre de año, los miles de empleados públicos que trabajan para la Administración con un contrato temporal deberán hacerlo de forma indefinida, o dejar de prestar sus servicios en el Estado a final de año. Así se recoge en la Ley de Estabilización comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea.

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Hasta ahora, la tasa no cede y se encuentra estancada en el entorno del 30%, lo que se traduce en que la plantilla eventual deberá mermar a final de ejercicio en más de 20 puntos, en 800.000 trabajadores.

El sindicato ya trasladó su preocupación a este periódico hace un mes por la elevada precariedad de la plantilla y su duda de que a final de año el Gobierno sea capaz de cumplir con las exigencias legales que pactó con Bruselas en el Plan de Recuperación.

El sindicato además aprovecha para sacar a la luz la «incertidumbre política» y «la falta de certezas sobre los presupuestos generales del próximo año». Según considera CSIF, «hay que eliminar la tasa de reposición, agilizar los procesos selectivos» y, por su parte, aseguran que llevarán a los tribunales a las administraciones que incumplan reducir la temporalidad al 8%.

Ante esta situación, CSIF exige eliminar de manera inmediata la tasa de reposición para que las administraciones puedan planificar sus necesidades, utilizando solo de manera excepcional la contratación temporal; agilizar los procesos selectivos con medios materiales y humanos, e introducir sanciones ejemplares a administraciones y responsables administrativos que incumplan.