Los técnicos de la Comisión Europea temen que la reforma laboral eleve el déficit público

El informe de 93 páginas con el que los técnicos de la Comisión Europea justificaron de manera preliminar el cumplimiento de los hitos y objetivos que avalan la transferencia de esos recursos al Gobierno de España plasma de forma manifiesta sus dudas respecto a que la reforma laboral vaya a cumplir el objetivo de no comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, uno de los aspectos en que más han incidido las autoridades europeas.

Bruselas ya había advertido al Gobierno de España de que la solución de los 'ERTE permanentes', como se le llamó en su día, le parecía apropiada siempre que su puesta en marcha no trajera consigo un incremento del gasto público que comprometiera las finanzas públicas a medio y largo plazo. Y así se estipuló en las disposiciones operativas firmadas por la Comisión Europea con el Gobierno. El resultado final no ha sido del todo satisfactorio, a juzgar por los comentarios de los funcionarios europeos.

En su análisis específico de la medida los técnicos de la Comisión tachan de «optimista» la hipótesis central del Gobierno de que el mecanismo se autofinanciará a medio plazo con los recursos liberados por la reducción del desempleo estructural que supuestamente traerá la reforma laboral en su conjunto, tanto en forma de menores pagos por prestaciones por desempleo como de mayores ingresos por cotizaciones sociales.

No obstante, matiza que esa factibilidad dependerá «de la eficacia de las acciones de recualificación para facilitar la movilidad voluntaria de los trabajadores y de la complementariedad con otras políticas laborales activas para apoyar las transiciones de trabajo de los trabajadores afectados, reduciendo así el recurso al despido y el de las prestaciones por desempleo», es decir, de que el Gobierno sea capaz de mejorar la eficacia de las políticas activas, una de las carencias endémicas del sistema español de protección social.

De que el asunto no ha sido pacífico habla bien a las claras que el Gobierno de España haya tenido que modificar hasta en dos ocasiones el escenario financiero sobre la sostenibilidad del Mecanismo RED que remitió a Bruselas en noviembre de 2021, según se detalla en el informe de los técnicos de la Comisión Europea. Primero en marzo de 2022, tras la aprobación del real decreto de la reforma laboral que incluía este mecanismo; y posteriormente en junio de 2022, tras la aprobación en marzo, dentro de un real decreto de medidas para paliar la sequía en el sector agrario, de un esquema transitorio para financiar este mecanismo ante la posibilidad de que sectores quisieran solicitar cobertura ante la espiral de la inflación.

El esperable impacto sobre el déficit público del Mecanismo RED no es el único asterisco que el informe de los técnicos de Bruselas pone a la reforma laboral del Gobierno. En relación a los cambios introducidos en la negociación colectiva, con la reinstauración de la ultraactividad de los convenios, la regulación de la subcontratación y la recuperación de la prioridad aplicativa del convenio de sector, solo afirma que estos «no resultan en obstáculos desproporcionados para que las empresas se puedan ajustar al ciclo».