Sumar aprieta a Hacienda para endurecer la reducción en el IRPF que beneficia a dos millones de caseros

También algunas nuevas. Una de ellas se refiere a la reducción de entre el 50% y el 90% que se aplica sobre las rentas derivadas del alquiler de viviendas en el IRPF, a modo de incentivo para asegurar que los propietarios pongan sus inmuebles en el mercado. Lo que Sumar ha puesto sobre la mesa en la negociación con María Jesús Montero del paquete fiscal que se incluirá en el proyecto presupuestario es la introducción de un cambio regulatorio para que esa reducción se reserve única y exclusivamente a los propietarios que acepten ajustar las mensualidades que cobran a sus inquilinos a un tope mensual, según han asegurado a ABC fuentes de la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Ese tope mensual o alquiler de referencia se definiría por distritos censales (hay más de 36.000 en España), aprovechando la información estadística disponible sobre renta de los hogares y precios de la vivienda en alquiler, y se calcularía en función del salario medio disponible en cada distrito, que determina la Agencia Tributaria a partir de la información de las declaraciones de la Renta. El planteamiento de partida de Sumar es que ese alquiler de referencia sea equivalente al 30% de la renta media de los hogares de ese distrito censal.

«De este modo los beneficios fiscales se reservarían a los propietarios que arriendan sus viviendas a un precio razonable, asociado a los salarios reales que se pagan en el país, y excluiríamos a los rentistas, que incomprensiblemente también se benefician de estas bonificaciones», explica Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar.

La reducción de la base imponible por las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas es uno de los beneficios fiscales más utilizados del Impuesto sobre la Renta y, por tanto, también uno de los más costosos.

Según los últimos datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al ejercicio de 2022, más de dos millones de contribuyentes (2.033.555, en concreto) se beneficiaron de esta bonificación fiscal con un coste agregado para las arcas públicas de 716 millones de euros, lo que arroja un ahorro fiscal medio de unos 350 euros al año

Estas cifras son anteriores a la modificación que se introdujo en el incentivo en la última Ley de Vivienda, que entró en vigor el 1 de enero.

En virtud de este cambio legal, la reducción lineal del 60% vigente hasta el año pasado ha sido sustituida por un esquema más escalonado en el que la reducción general se reduce al 50%, con la posibilidad de elevarla hasta el 70% si el arrendatario es una administración pública o un joven de entre 18 y 35 años que reside en un área catalogada como tensionada y hasta el 90% si el propietario decide reducir en al menos un 5% la mensualidad que pide a sus inquilinos en un área tensionada.

La idea de Sumar promovería indirectamente un tope al alquiler por la vía de recortar el incentivo fiscal.