Las subidas salariales dependerán de la situación de cada empresa pese a la recomendación del 10% en tres años

Tras aclarar el funcionamiento de las cláusulas del 1% extra para 2024 y 2025 -que se aplicarán en la subida del año siguiente a modo de alza a mayores y no con carácter retroactivo- pudiendo quedar la subida total trianual en el 12% (el último 1% de subida por desviación de precios en 2025 se sumaría ya a las subida de 2026), el texto recoge la salvaguarda de coyuntura económica.

Concretamente, se establece tras la recomendación que «las negociaciones deberán tener en cuenta las circunstancias específicas de su ámbito para fijar las condiciones salariales, de tal manera que la aplicación de las directrices anteriores podrá adaptarse en cada sector o empresa». Es decir, el volumen de las subidas dependerá en última instancia de la situación de cada negocio y sector que sea objeto de negociación salarial en convenio.

Recuerda el acuerdo que las empresas cuentan con «situaciones muy desiguales de crecimiento, resultados o incidencia del incremento del SMI, teniendo como objetivo el mantenimiento y la creación de empleo». Precisamente, sobre este argumento había pivotado hasta el momento el rechazo de la CEOE a incluir las cláusulas de revisión salarial que exigían UGT y CC.OO. como línea roja para firmar el acuerdo.

Finalmente, en la parte de estructura retributiva el quinto AENC que va a regir las negociaciones entre patronal y sindicatos en las más de 4.000 mesas de convenios existentes en España no recogerán una cláusula de revisión salarial como tal, sino un extra aplicable en la revalorización del año siguiente a modo de compensación pero sin carácter de retroactividad. Además, esta idea que destiló CEOE de que las empresas debían acometer las subidas salariales en función de su situación económica queda negro sobre blanco en el acuerdo. Un pacto que además se sustancia sin referencia alguna al observatorio de beneficios empresariales que serviría para reglar el volumen de la cláusulas de revisión salarial.

Como consecuencia del acuerdo alcanzado, el primer efecto observable está en la rebaja del tono de las entidades sindicales sobre el conflicto que habían augurado si no se cerraba un acuerdo lo antes posible. Para UGT, el acuerdo debe servir para impulsar la negociación colectiva de los 1.400 convenios pendientes y llegar a todas aquellas empresas y sectores donde hay menos fuerza sindical.

El sindicato que dirige Pepe Álvarez asegura en un comunicado que este acuerdo marco «permitirá un reparto de la riqueza más equitativo, en el que deben participar todos los trabajadores». UGT destaca además que el acuerdo contempla «importantes avances» en el desarrollo de la reforma laboral, especialmente en el aspecto de la contratación laboral, «que tan buenos resultados está dando desde su aprobación en diciembre de 2021».

«En un pacto de estas características los interlocutores sociales estamos a la altura de lo que requiere nuestro país, dando estabilidad a las relaciones laborales de España en momentos de incertidumbre y garantizando la paz social a través de un mejor reparto de la riqueza», sostiene UGT.

El sindicato defiende que los incrementos salariales pactados están en consonancia con lo solicitado por las organizaciones sindicales para los años 2023 y 2024, y asegura que la introducción de una cláusula de revisión salarial referenciada exclusivamente al IPC «servirá en parte para mitigar posibles efectos indeseados de la inflación».

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, califica el acuerdo con los sindicatos como «responsable y de país», destacando que ha estado alejado de la política y de las contiendas electorales. «Un acuerdo que dará estabilidad a autónomos, empresas y trabajadores y que garantizará la paz social el próximo año», ha subrayado.

Amor asegura además que, con este acuerdo, los salarios del sector privado van a crecer en los próximos tres años más que en el ámbito público. El presidente de ATA pone además en valor que los agentes sociales hayan tenido «altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad» para llegar a este acuerdo.