La subidas con el IPC elevan un 30% la factura de las pensiones en la 'era Sánchez'

La medida incluida por el Gobierno como parte de la reforma del sistema público aprobada entre los años 2021 y 2023 de volver a la revalorización de las pensiones en base al IPC se configura además como el principal componente de incremento del gasto en la senda prevista para las próximas décadas. Además, será el desencadenante definitivo de que el Gobierno finalmente se vea obligado a acometer un ajuste por valor de 12.000 millones de euros en los próximos años, tal y como advierten instituciones como Airef y el Banco de España, que dudan que las medidas de ahorro previstas en estos cambios normativos por la vía del aumento de la edad efectiva de jubilación sean suficientes para dar cobertura a este gasto.

Así, tanto el Gobierno como la Autoridad Fiscal, y también la Comisión Europea esperan que este incremento de gasto asociado a las subidas con el IPC se sitúen en los 2,7 puntos porcentuales de PIB para 2050, lo que agregará unos 40.500 millones de euros a la factura anual. Sobre este aspecto, la Seguridad Social señala que el coste imputado a la revalorización como tal sería 2 puntos, mientras que el resto estaría asociado al efecto sustitución, es decir, el mayor coste que suponen las pensiones que se dan de alta en el sistema respecto a las que causan baja.

Cabe recordar, tal y como puntualizaba la Comisión Europea en el reciente informe de envejecimiento (Ageing Report), que el escenario presupuestario post reforma resultará en un avance progresivo del déficit durante las próximas décadas hasta alcanzar un pico del 2,7% del PIB en 2050, cuando la brecha entre ingresos y gastos del sistema superará los 40.000 millones de euros anuales. Precisamente, esta es la cuantía que ya transfiere el Estado a la Seguridad Social todos los años como añadido a los ingresos por cotizaciones sociales, lo que permite al Gobierno ofrecer una cara más amable de la coyuntura financiera.

De este modo, el gasto en porcentaje del PIB muestra una tendencia al alza hasta 2050 debido a la jubilación progresiva de grandes cohortes de trabajadores (la generación española del baby boom) y al aumento de la tasa de dependencia de la tercera edad, señalan los técnicos de la Comisión en su reciente informe. «Una vez que la presión demográfica cede en la década de 2050, el gasto público en pensiones desciende ligeramente y se estabiliza en torno al 17% del PIB. Aunque las presiones demográficas desaparecen casi por completo al final del periodo de proyección, la proporción del gasto público en pensiones con respecto al PIB no disminuye en la misma magnitud debido al aumento de las prestaciones medias de jubilación, así como a una mayor tasa de pensionistas que perciben la pensión máxima», señala el Ageing Report.

El nuevo informe de la Comisión dibuja una senda más pesimista que el anterior y que la elaborada por el Ministerio sobre las perspectivas financieras del sistema de pensiones durante las próximas décadas, especialmente en materia de gasto. «A la vista de sus proyecciones, parece claro que la cláusula de salvaguarda del MEI se activará el año que viene, exigiendo algún tipo de corrección de gasto o ingreso», señala el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente. «Con las estimaciones de los efectos de ingresos de la reforma del propio AR y las publicadas por el MISSM, el ajuste necesario estaría entre 0,6 y 1,1 puntos de PIB, lo que, en ausencia de un acuerdo exprés sobre un paquete alternativo de medidas correctivas, se traduciría en una subida de los tipos de cotización de entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales», señalan los expertos de Fedea.