Los repartidores de butano renuncian a la huelga indefinida tras la subida de precios

Así las cosas, el departamento que dirige Sara Aagesen ha logrado poner fin a una crisis que empezó en noviembre, cuando la Fedglp -que representa a los distribuidores de Repsol, con una cuota de mercado de más del 80%- inició una batería de paros diarios hasta diciembre. Coincidiendo con ese calendario de protestas, el Ministerio publicó un primer borrador para la reforma de la Orden IET/389/2015, que llevaba diez años congelada, pero el resultado no satisfizo a los repartidores. Exactamente, desde Fedglp pedían una retribución para la distribución de 4,80 euros por bombona en lugar de la media de tres euros que se abonan actualmente.

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Para contextualizar el caso, hay que recordar que el precio de la bombona clásica, la de 12,5 kilogramos, no está liberalizado. Desde 2015 su valor se revisa bimestralmente en función del coste de la materia prima , el transporte y el tipo de cambio euro-dólar. Estos cambios de tarifa, además, están topados al 5% al alza o a la baja, acumulándose el exceso o el defecto para su aplicación en posteriores revisiones.

En este esquema, la retribución que reciben las agencias distribuidoras es independiente de las modificaciones bimensuales del precio de la botella, pues están subcontratadas por las operadoras; es decir, que lo que perciben los repartidores depende del acuerdo al que lleguen con las energéticas, aunque lógicamente esto pende del precio que determine el Ministerio. Según ha explicado Transición Ecológica, la nueva actualización se ha realizado, precisamente, para tener en cuenta los costes reales en los que incurre la distribución, actualizando partidas cuyas referencias habían quedado desfasadas, como costes de personal, conservación, mantenimiento o arrendamientos, e introduciendo otros elementos para hacer frente a nuevas necesidades.

Precisamente, de eso se quejaban las empresas de reparto, de que en un contexto de acusada inflación por la crisis derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania, su negocio había dejado de ser sostenible.

Según ha explicado el Ministerio, de haberse aplicado la nueva metodología en la revisión del pasado enero, la subida sería equivalente a 1,36 euros por bombona, un 8,1% más que el precio vigente. Esta subida, sin embargo, se aplicará de un modo gradual, ya que la actualización de costes no podrá implicar un incremento superior a 20 céntimos de euro adicionales a la aplicación del límite de incremento de precio del 5% bimestral hasta que se normalice la situación.

Además de esta, en la nueva Orden ministerial también se incluyen otras medidas demandadas por el sector, como el aumento -de 48 h a 72 h- del plazo máximo de entrega de las bombonas y la propuesta de que la CNMC revise la fórmula de cálculo del PVP de la bombona cada tres años, empezando en 2026.

Según se lee en su nota, Fedglp ha valorado positivamente la inclusión de esta mecanismo de revisión como un modo de proteger al sector a largo plazo. «Permitirá ajustes progresivos que reflejen la evolución de los factores económicos con los costes reales de la actividad, asegurando la viabilidad del servicio a largo plazo«, ha explicado la Federación.