La sostenibilidad de las pensiones sólo vendría con cuatro millones de afiliados extra

El envejecimiento de la población y la llegada de los 'boomers' disparará la tasa de dependencia demográfica hasta el 53,7% en 2050

Ese año serán necesarios seis millones de ocupados más para equilibrar el sistema público

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El reto de mantener las pensiones en España es demográfico. La suma del envejecimiento de la población y el aterrizaje pleno de la generación del 'baby boom' en el sistema público someterá al organismo que paga las jubilaciones a una prueba extrema durante las ... próximas décadas. Y ello pese a la reforma del ministro José Luis Escrivá, un cóctel de medidas de gasto y subida de cotizaciones para sufragarlo.

El informe 'Dimensiones económicas de la longevidad. Evidencia del caso español', realizado de forma conjunta por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), realiza unas estimaciones basadas en proyecciones del INE y la Seguridad Social que reflejan que el peso de los activos entre 16 y 64 años caerá desde el 65% en 2022 hasta el 57% en 2050, mientras que la población mayor de 64 años aumentará desde el 20% en 2022 hasta el 30% del total. Esta evolución de la población traerá consigo una elevación significativa de la dependencia demográfica (cociente entre el número de personas mayores de 64 años y el de personas en edad de trabajar).

El documento explica que la tasa de dependencia demográfica pasará del 31% en 2022 hasta el 53,7% en 2050, unas perspectivas que «empeoran la situación financiera de un sistema de pensiones ya en situación de déficit». Afirma que para que abandonara hoy los números rojos harían falta unos 3,78 millones más de afiliados, más que los parados que tiene España, y que con la evolución prevista de la demografía, en 2050 serían necesarios más de seis millones de cotizantes adicionales para conseguir un sistema de pensiones sin déficit. Por todo ello, el trabajo de investigación expone que la situación de partida es preocupante», pero que las proyecciones de déficit futuro «son aún peores».

Sistema de reparto

El sistema de pensiones en España es de reparto, es decir, que los trabajadores en activo pagan con sus cotizaciones las nóminas de los jubilados. El inconveniente que tiene esta fórmula es que su estabilidad está muy expuesta a las tensiones demográficas, a crecimientos elevados del número de pensionistas sin que esta evolución se corresponda con un alza paralelo del número de cotizantes. «Funciona bien (el sistema) si hay una continua realimentación de los afiliados, suponiendo que se mantiene en los mismos niveles el resto de las variables, sobre todo las bases de cotización», explican los expertos. Las tensiones demográficas son clave en este caso, como también la demografía y la evolución de los distingos grupos edad de la población, lo que determinará que hay suficientes cotizantes para que el sistema sea sostenible.

Y en este escenario el aterrizaje de la generación del 'baby boom' someterá al sistema a un test de resistencia. Los 'boome rs' son un ejército de 14 millones de personas (los nacidos entre 1957 y 1977) con carreras de cotización muy elevadas. Este año han comenzado a jubilase, con una reforma en marcha que aún debe valorar Bruselas, y en un momento en el que la natalidad en España languidece y la precariedad salarial es la tónica del mercado laboral.

El problema de la llegada al retiro de esta generación lleva atormentando a los gobiernos sin que ninguno haya hecho frente al problema al tratarse de un colectivo decisivo y numeroso si de lo que se habla es de votos. El único gobierno que intentó atajar el aumento del gasto en pensiones fue el de Mariano Rajoy. Para hacer frente a la avalancha de 'boomers' y afianzar los pilares del sistema tras la crisis de 2008, diseñó una herramienta para ajustar la pensión a la esperanza de vida que tenía que haber entrado en vigor en 2019 pero se pospuso a 2023 tras un pacto presupuestario entre el PP y el PNV que posteriormente se frustraría.

La última reforma, la diseñada por Escrivá, tampoco ha entrado al fondo del problema; se ha limitado a subir las cotizaciones para hacer frente a gastos crecientes derivados, fundamentalmente, de ligar las nóminas de los jubilados al IPC. En enero las bases máximas de cotización crecieron un 8,6% y comenzó a aplicarse el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que lleva implícita un alza del 0,6% en la cuotas para todas las nóminas con independencia del sueldo.

Ahora, queda que estos cambios pasen el filtro de las autoridades comunitarias. La supervisión europea está ligada al cuarto pago de los fondos, de 10.000 millones, que tenía que haberse solicitado en la primera mitad de 2023.

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