Los socios del Gobierno presionan para conseguir el fin de los límites al gasto público

Sin embargo, la sesión parlamentaria de ayer sirvió también para poner de manifiesto que los socios del Gobierno no se conforman con esa especie de 'barra libre' de gasto que ha existido para las políticas de respuesta a la pandemia y a la crisis energética, en las que se han aplicado decenas de miles de millones de euros de recursos públicos, y aspiran a que ese esfuerzo del sector público se pueda mantener en el tiempo.

Conscientes de que los Presupuestos de 2023 pueden ser los últimos que se diseñen sin un marco fiscal europeo operativo, como ya se ha anunciado desde la Comisión, Unidas Podemos, ERC, Bildu y otras formaciones parlamentarias minoritarias del bloque de las izquierdas se abalanzaron ayer contra la ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno Rajoy en el año 2012 y contra el artículo 135 de la Constitución, que desde el año 2011 sanciona la estabilidad presupuestaria como un principio constitucional de obligatorio cumplimiento.

Ese bloque normativo no solo reivindica la estabilidad presupuestaria como un principio prioritario sino que también impone límites al gasto de las administraciones públicas para evitar que estas gasten más de lo que ingresan durante periodos prolongados de tiempo, un fenómeno muy habitual en España y que las autoridades europeas vieron en 2011 -y continúan viendo ahora- como uno de los desequilibrios estructurales que aumentan la vulnerabilidad de la economía española.

Así se lo recordó ayer la portavoz del Grupo Popular, Elvira Rodríguez, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras una intervención inicial en la que la ministra presumió del carácter «histórico» del nivel de gasto previsto para los Presupuestos de 2023 y de haber conseguido el margen suficiente para que comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso Seguridad Social tengan más margen para gastar que en el año anterior.

La portavoz popular le recordó ayer a la ministra que la suspensión temporal de las reglas fiscales no eximía al Gobierno de sus obligaciones de reducción del déficit y también que Bruselas ya recomendó de forma explícita a España seguir una política fiscal prudente en 2023 y ya le advirtió de que esperaba resultados tangibles en la reducción del déficit estructural.

Montero argumentó ayer que sin tener en cuenta los fondos europeos el gasto presupuestario del Estado solo habría subido un 1,9% respecto a 2021 y que el déficit público se reducirá según sus previsiones desde el 6,9% hasta el 5% este año y hasta el 3,9% en 2023.

El mismo día que el Congreso daba trámite, con el apoyo de los socios parlamentarios habituales del Gobierno, al mayor techo de gasto de la historia, la ministra de Hacienda anunció un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, con el consabido argumento de repartir mejor las cargas de la crisis y que sean los que más tienen los que más contribuyan a sostener el esfuerzo público por las medidas de apoyo a ciudadanos y sectores para paliar la crisis energética, cuyo coste el Gobierno calcula en 30.000 millones. Rodríguez acusó a Montero de intentar hacer caja con la inflación.