Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han salido hoy al rescate del Gobierno con la convocatoria de una movilización nacional el dos de febrero. Lo hacen contra el «oportunismo político», se lee en el comunicado conjunto, de las tres formaciones que votaron en contra ... del 'decreto ómnibus': Junts, PP y Vox.
En la nota los sindicatos piden al Gobierno la aprobación de un nuevo paquete de medidas, y al Congreso, que lo convalide «evitando tomar a la población con mayores necesidades como rehén de este juego de oportunismo donde se vota en contra de medidas necesarias, muchas que ya han sido acordadas previamente, incluso con el voto favorable de quienes ahora han provocado esta anulación».
CC.OO. y UGT cargan las tintas contra el PP, Vox y Junts a pesar de que el PSOE podría enmendar la no revalorización de las pensiones y el IMV o salvar las ayudas al transporte en el próximo Consejo de Ministros, y lo hacen en términos muy duros. «Hablamos de una agresión sin precedentes a la mayoría social y especialmente a personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general«, se lee en la nota.
Como ya se ha dicho, el Ejecutivo podría proponer en el Consejo de Ministros del martes un decreto 'express' que salvara cualquiera de las medidas sociales que cayeron en la sesión plenaria de ayer, léase, la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte.
En el caso de las pensiones, tal y como ha explicado ABC, un real decreto bastaría para recuperar esa subida del 2,8%, al menos hasta la fecha del próximo cobro, a partir del 22 de febrero. Hecho esto el Ejecutivo tendría un mes para que el Congreso avalara la medida, cosa que en el caso de las pensiones o la bonificación de los transportes está garantizada.
El quid de la cuestión, a pesar de que los sindicatos apunten solo a los tres partidos díscolos, es que ayer el Ejecutivo pretendió aprobar esas medidas sociales mediante una norma que en realidad era un cajón de sastre que incluía una multitud de medidas que no habían sido negociadas; entre estas, la cesión al PNV de un palacete en París que alberga una sede del Instituto Cervantes o la suspensión de los desahucios durante todo 2025.
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