Los sindicatos minoritarios denuncian que el reparto del patrimonio sindical es «injusto»

Esta central se queja, en conversación con este diario, de que el censo de edificios actual «está obsoleto» y de que podría haber más inmuebles, además de lamentar que los sindicatos minoritarios se tengan que conformar con las «migajas». Explica que todo lo relacionado con el reparto se determina en una Comisión Consultiva formada por UGT, CC.OO., CEOE y Trabajo y que cuando elevan sus quejas al departamento que dirige Yolanda Díaz la respuesta es que el patrimonio sindical está agotado.

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Asegura USO que, en su caso, han tenido que reclamar en los tribunales y denuncia que en Barcelona, por ejemplo, donde cuentan con una representatividad del 5% no tiene local, como también ocurre en Extremadura y Castilla-La Mancha.

La situación que denuncia este sindicato es parecida a las quejas que durante los últimos años ha tenido la CGT por considerar que no disfruta de los metros cuadrados que le corresponden y por lo que entiende un trato de favor hacia las dos centrales mayoritarias.

Otro sindicato que no está de acuerdo con el actual reparto es la Confederación Intersindical Gallega (CIG), que se ha dirigido varias veces a Trabajo para hacerle llegar su «malestar y preocupación» por lo que considera una distribución «discriminatoria». El Ministerio de Trabajo se reunió con la CIG el 17 de enero de 2023 y con la CEOE en diciembre de 2022 para «tratar» el reparto del patrimonio sindical acumulado en Pontevedra, pero no se produjeron cambios tras esas reuniones. La última modificación en este caso se produjo hace 17 años, en 2008.

Ante las presiones de estos sindicatos para revisar el reparto, Trabajo ha insistido en que el procedimiento para acceder a este parque de edificios debe partir de una solicitud de la organización interesada, y recibir un informe motivado y favorable de la Comisión Consultiva.

También hace hincapié en que las cesiones de espacios se realizan «según la representatividad geográfica por comunidades autónomas» y que su modificación, está tasada en la Ley de 1986 que solo permite extinciones del uso «por extinción de la personalidad del cesionario o pérdida por éste de su representatividad» o «por incumplimiento por el cesionario de cualesquiera de los requisitos o términos a los que se supeditó el otorgamiento de la cesión».

En esta línea, el departamento defiende que su gestión de los inmuebles «debe regirse por alguno de los supuestos» previstos en 1986 para modificar las resoluciones de cesión de uso aprobadas, y que «hasta la fecha, no consta que se haya producido ninguno de los supuestos mencionados que justifique iniciar el procedimiento de extinción de cesión».