Los sindicatos exigen al Gobierno acelerar la reforma del paro y advierten: sin cambios en el SEPE no habrá pleno empleo en España

En la rueda de prensa de presentación de las acciones previstas para los actos del Primero de Mayo, los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, señalaron las principales reivindicaciones en materia laboral que en cualquier caso ya están siendo dirimidas en las varias mesas de negociación abiertas en el seno de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social.

En este punto, bajo el lema 'Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios' las centrales sindicales reconocieron este viernes la pérdida de lustre del diálogo social en la presente legislatura, en la que cabe recordar que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo tripartito. Ni si quiera en la reforma del desempleo que prevé modificaciones en el esquema de subsidios a parados, que es una exigencia de Bruselas de cara a las entregas correspondientes al cuarto pago de los fondos europeos y que fue malogrado en su convalidación en el Congreso por el voto en contra de Unidas Podemos.

Es precisamente este aspecto al que aludía el secretario general de CC.OO. a la hora de conminar al Gobierno a mantener el pulso a la agenda reformista. En lo que pide no caer en la complacencia de las medidas de calado ya impulsadas en la anterior legislatura y en la parálisis ante el temor de que las medidas que puedan pasar por la mesa de negociación tripartita con patronal y sindicatos no consigan pasar luego el 'Rubicón' de la Cámara Baja.

Este es concretamente el punto en el que se encuentra la negociación de la reforma del subsidio por desempleo, donde más allá de la incorporación de mejoras o preceptos a propuesta de patronal y sindicatos parece que el plácet definitivo a la medida deberá provenir de un acuerdo entre el Gobierno y Unidas Podemos, que no descuadre el resto de posturas de los grupos que sostienen a la coalición PSOE-Sumar en el Ejecutivo. «Hay que atreverse a hacer normas, a hacer proyectos o hacer decretos que luego tengan que ser convalidados o no y cada grupo político que explique luego por qué vota lo que vota. Pero creemos que el resultado de la dificultad de sacar adelante normas no puede ser no presentar normas», ha expuesto Sordo.

Con todo, explicaban los representantes de las centrales sindicales de que esta negociación está en disposición de llevarse a término entre los meses de mayo y junio, de modo que no habría represalia de Bruselas en términos de reducción de la cuantía del pago previsto para el cuarto tramo de los fondos Next, por valor de 10.000 millones de euros.

Por su parte, Álvarez recalcó en su intervención que en España sigue habiendo «déficits» y ha pedido al Gobierno actuar sobre la tasa de desempleo del país, que sigue siendo de doble dígito, con casi el 11%. «El objetivo tiene que ser el del pleno empleo», señaló, apuntando eso sí a la necesidad de reformar el sistema operativo del SEPE, incapaz de traspasar a personas de las bolsas del desempleo hacia el mercado laboral a través de sus servicios de búsqueda y colocación de perfiles profesionales. También apuntaba el líder de UGT a la necesidad de que las empresas tomen tierra en sus reivindicaciones por falta de trabajadores en ciertos sectores para que tomen de referencia el SEPE como bolsa de vacantes.

Asegura Álvarez que se deben mejorar los servicios de empleo de las comunidades autónomas para que se conviertan en «agentes activos» que permitan que los desempleados puedan formarse y entrar a trabajar en los puestos que se están generando en el país, aunque ha asegurado que son «muchos menos de los que dicen las patronales».

Otros temas pendientes sobre los que CC.OO. y UGT han hecho hincapié son las negociaciones con Seguridad Social y la necesidad de llegar a un acuerdo en relación a los coeficientes de actividad y las mutuas, la necesidad de reformar el IPREM, impulsar una política industrial en el país y mejorar los procesos de regularización de los inmigrantes, para lo que Álvarez ha saludado la iniciativa legislativa popular para regularizar a los extranjeros. En relación al IPREM, Álvarez ha pedido cambiar este indicador que afecta a las rentas más bajas del país y Sordo ha optado por revalorizar un indicador que ha perdido un 14% de su valor en los últimos años con el objetivo de encontrar un mecanismo que lo sustituya.

Durante la rueda de prensa, los líderes sindicales aseguraron que se niegan a renunciar a la reducción de la jornada laboral y siguen manteniendo que antes del verano, previsiblemente en junio, es posible llegar a un acuerdo sobre la materia, con o sin patronal.

«Como queremos llegar a un acuerdo, nos hemos planteado dar ese margen de tiempo, que creemos que es suficiente», argumentaba Álvarez, que ha recordado que es necesario avanzar hacia las 37,5 horas para 2025 para recortar la brecha de jornada laboral de España con el resto de países de Europa, donde países como Alemania tienen una jornada semanal de 35 horas o de incluso 32 horas en el caso de Países Bajos.

Al respecto, Sordo reivindicó que la jornada laboral debe ir acompañada de una mejora del control horario, ya que en España se incumple esta materia, lo que deriva en otros problemas como las horas 'extra' que ni se pagan ni cotizan ni reconocen. «Se puede atajar con la mejora del control horario», deslizaba sobre uno de los aspectos que pueden facilitar un acuerdo bipartito entre patronal y sindicatos.

Sobre el tema del despido improcedente y el sistema de tasación que opera en nuestro país, Sordo se refirió a la denuncia de UGT ante el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea en relación al bajo coste de despedir en España. Recuerda que CC.OO. ha interpuesto una demanda también ante este organismo por el bajo coste de despedir en España, en la misma línea que la denuncia presentada por UGT y que se ha visto «convenientemente satisfecha», según Sordo.

Aunque explicaba que la reforma del despido es otra «vieja reivindicación sindical», que se quedó fuera de la reforma laboral, en lo que reclama al Gobierno abrir una mesa de diálogo sobre la materia, ya que la otra alternativa es esperar a que los juzgados españoles resuelvan el tema a través de sentencias, una vez haya un fallo público del organismo, que no en vano no será vinculante en términos legislativos.